A un año y medio de que arrancaron 17 nuevos programas sociales creados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) publicó las primeras evaluaciones sobre su diseño. Sin embargo, algunos de los que más ha presumido la administración como programas insignia rechazaron buena parte de las recomendaciones recibidas para mejorar, con argumentos como que los evaluadores no entendieron bien el programa o tuvieron prejuicios en su contra.
Es el caso de las 100 Universidades para el Bienestar Benito Juárez García. Mientras que el Coneval advirtió que tiene deficiencias en su diseño debido a que no identifica a la población objetivo, la forma de medir las metas, y carece de lineamientos para la aplicación de los recursos, pertinencia de las carreras y sedes, la autoridad responsable respondió que los señalamientos son “prejuicios”.
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“Debemos reconocer que para nosotros no fue una grata sorpresa encontrarnos con que, justo al inicio de la gestión, se nos informara que había la pretensión de continuar con la práctica de imposición de diseños, mediciones de desempeño y evaluación de resultados llevada a cabo por organismos internacionales en gobiernos anteriores, sobre todo cuando había sido ostensible su ineficacia para impedir el desorden de la administración pública, el abuso en la gestión de recursos que pertenecen al pueblo de México y el desborde de la corrupción”, dice la respuesta institucional.
Como parte del proceso de evaluación, el Coneval envía un informe con los hallazgos a las dependencias involucradas y estas tienen derecho a responder si ya se hicieron ajustes, se harán, o no se acepta la recomendación.
En este caso fue al Organismo Coordinador de las Universidades, descentralizado de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y que dirige Raquel Sosa, quien ha sido funcionaria con López Obrador desde que fue jefe de Gobierno del Distrito Federal en 2000.
El Coneval recomendó mejorar sus conceptos porque no hay claridad, por ejemplo, en la definición de la población atendida, pues “parecería estar definiendo no a los beneficiarios directos de la intervención sino indicando los efectos positivos que se podrían derivar en diversos actores de la sociedad como resultado de la implementación de las sedes educativas”.
El Organismo en cambio, advierte que el objetivo del programa es “contribuir a la política social” mediante la incorporación de personas con bachillerato al nivel licenciatura “pertinentes al desarrollo económico y social de localidades, municipios y regiones en situación de pobreza y marginación”, pero esto, dice el Consejo “es un objetivo mayor al que el programa contribuye y su logro no está controlado por los responsables de la intervención”.
Por lo tanto, “es necesario repensar” cuál problema pretende resolver el programa y cómo lo va a hacer; si el problema se centra en reducir la exclusión de los estudiantes a la educación superior a través de la creación o adaptación de infraestructura educativa y con programas educativos acordes a sus contextos, “la unidad de medida de sus poblaciones serían personas que son excluidas, que quieren ingresar y las que ingresaron y el número de planteles así como de programas de estudio serían acciones para lograr el objetivo antes mencionado”, recomendó el informe.
La Coordinación de las Universidades arremetió contra “la empresa” que hizo la evaluación inicial, ya que el Coneval se apoya en consultoras o centros de investigación públicos para las evaluaciones. Criticó que evaluó uno de los planteles “con una visión claramente ideologizada”.
“La experiencia que la empresa que se contrató inicialmente tuvo con nuestra escuela de Texcoco fue frustrante e inaceptable, porque no se intentó en absoluto hacer una evaluación de los avances del programa, sino descalificarlo, cuestionarlo y buscar encontrar cualquier posible error o deficiencia para promover su desaparición o la destitución de sus autoridades y un cambio radical en su orientación”, reclamó.
El Programa de Universidades es “complejo, enraizado en las comunidades”, resumió la institución en su respuesta. Es por eso que se enfoca en estudiantes que han pasado por “difíciles problemas de supervivencia y que se han sobrepuesto a la exclusión en condiciones precarias en comunidades en las que la precariedad o la carencia de casi todo, es experiencia de vida de decenas o cientos de años”, por eso es que, insistió, “no puede ser comprendido desde la métrica simplificadora que se nos impuso”.
No entendieron o no tomaron el contexto de programas, se justifican
En el caso de Sembrando Vida, que depende de la Secretaría de Bienestar, aunque se aceptaron la mayoría de recomendaciones y se propusieron modificaciones, la dependencia también criticó a la instancia evaluadora. Entre sus argumentos, critica que no se haya tomado en cuenta el contexto del conjunto de políticas públicas destinadas a la superación de la pobreza “o aquellas que buscan la recuperación de territorios abandonados como resultado de las políticas neoliberales rurales”.
Aquí en lugar de quejarse de un comparativo con otros países, reclama que no se haya hecho, es decir, que no se vieran las propuestas de países con economías emergentes como Brasil, India o Sudáfrica para valorar las acciones mexicanas.
Lamenta que se evaluaran documentos sobre el diseño, como era el objetivo del Coneval, y no el grado de satisfacción de los beneficiarios. Agrega que de las entrevistas que se hicieron a una parte de quienes reciben los apoyos, “dichos resultados fueron generalizados a la totalidad del Programa, de los cuales está la duda de que el equipo evaluador haya utilizado un marco teórico cuantitativo, con un diseño de muestra pertinente, para que sus hallazgos tengan validez estadística”.
La Secretaría de Bienestar también rechazó 5 de 12 recomendaciones planteadas sobre la Pensión para Personas con Discapacidad Permanente, referentes, por ejemplo, a la necesidad de reforzar las capacitaciones a los Servidores de la Nación, encargados de identificar a personas susceptibles de ser inscritos, ya que en las entrevistas, ellos mismos reconocieron tener confusión para distinguir discapacidad permanente de temporal. Pero la secretaría justificó que las capacitaciones son constantes.
“El análisis realizado por el equipo evaluador se considera de gran valor para identificar áreas de mejora para la operación del Programa para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente. Sin embargo, se considera que los hallazgos identificados no cuentan con el suficiente sustento, debido al poco entendimiento o comprensión de los procesos de planeación y ejecución del programa”, reclamó Bienestar.
En el análisis del programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, que sustituyó a Estancias Infantiles, la dependencia aceptó que tomará o ya ha tomado acciones de mejora a solo 6 recomendaciones, mientras que otras 10 las contradijo o comentó que no eran precisas. Por ejemplo, rebatió las cifras de beneficiarios que el Coneval tomó de los informes trimestrales que elabora la propia Secretaría sobre sus programas sociales, que fueron a la baja durante todo 2019, y aseguró que en realidad tiene el doble de inscritas.
Una de las recomendaciones fue generar información sobre el acceso o permanencia de las beneficiarias en el mercado laboral o educativo para evaluar el impacto del programa a los tres años.
“El programa tiene como prioridad la atención de las Niñas y Niños mediante una transferencia económica, por lo que el comentario no se acepta dado que no tiene fundamento de acuerdo a los criterios del programa”, respondió, a pesar de que las madres o padres de los menores son quienes están marcados como población objetivo.
En su informe a Jóvenes Construyendo el Futuro, otro de los programas estrella del gobierno actual, el Coneval advierte que éste no cuenta con mecanismos operativos, instrumentos metodológicos, ni personal, para evaluar qué tan efectivo está siendo el programa y la capacitación laboral que recibieron más de un millón de jóvenes el año pasado. Por ello señaló que “se corre el riesgo” de que los jóvenes becados, que reciben 3 mil 748 pesos del gobierno mientras se capacitan en centros de trabajo durante un año, salgan del programa “sin haber registrado cambio alguno en su capacidad de empleabilidad o de habilidades laborales”.
Sin embargo, la Secretaría del Trabajo respondió que los evaluadores del Coneval “no entendieron del todo” los objetivos de este Programa social, a pesar de las múltiples reuniones de trabajo que mantuvieron con ellos.
La dependencia subrayó que el objetivo del programa no es, per se, capacitar a los jóvenes, sino vincularlos con el mundo laboral y los centros de trabajo que son los que, en la práctica, los deben de capacitar a partir de un modelo basado en “aprender trabajando”.
También planteó que en el gobierno federal la forma de operar los programas sociales “ya es distinta”, por lo que criticó que estos sean medidos por el Coneval “por los mismos instrumentos con los que se han evaluado siempre”.
Otra secretaría de las que más rechazó recomendaciones fue la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) sobre el Programa Nacional de Reconstrucción tras los sismos de 2017. En 28 recomendaciones, a 14 contestó “La propuesta no se considera una acción de Mejora para el programa”.
Este caso tiene la complejidad de involucrar a varias dependencias, por lo que varias veces Sedatu señaló que no había estado en sus manos o que los retrasos en alguno de los cuatro sectores que tiene el programa (vivienda, salud, cultura y educación) provocaron que no se tuviera el diseño a tiempo para el ejercicio 2019, sino hasta 2020.
