Cuando se cumplen dos años de la participación de la Guardia Nacional en el combate a la delincuencia, la militarización de la seguridad pública en México se ha “profundizado” sin que haya controles internos y externos que garanticen el respeto a los derechos humanos, según alerta un informe de la ONG Centro Prodh.
“Intentamos alertar de los riesgos que pueden existir si se prosigue en una ruta de profundizar la militarización y para nosotros esos riesgos son de tres tipos: que sigan existiendo violaciones a derechos humanos, en la permanencia de la violencia, y en el trastocamiento de las relaciones cívico-militares”, dijo en entrevista con Efe el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Santiago Aguirre.
El informe “Poder Militar. La Guardia Nacional y los riesgos del renovado protagonismo castrense“, fue elaborado por la organización a dos años del inicio de operaciones de la Guardia Nacional y a 7 años de la matanza extrajudicial del caso Tlatlaya.
Y apenas unos días después de que se anunciara la intención de transferir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) permanentemente.
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La Guardia Nacional entró oficialmente en operaciones el 30 de junio de 2019, pero miles de sus miembros, provenientes tanto de la extinta Policía Federal como del Ejército y la Marina, empezaron a trabajar antes.
Y aunque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió un mando civil, al final optó por uno militar en proceso de retiro, cosechando un sinfín de críticas.
Propuesta por López Obrador para combatir los crecientes índices de violencia e inseguridad en México, la Guardia Nacional tiene adscritos hasta ahora a unos 100 mil agentes y espera llegar a 150 mil para 2023.
Continúan las violaciones
Positivamente, el informe documenta que “se han contenido las peores expresiones de violación a derechos humanos que tuvimos en los últimos 15 años”.
No obstante, esa contención “parece estar dependiendo excesivamente de las instrucciones presidenciales”, dijo Aguirre.
Pues estas instrucciones “no están acompañadas de cambios institucionales, de reformas legales o de procesos serios de justicia”.
Además de que “siguen ocurriendo violaciones a derechos humanos y no se puede decir que estas se hayan erradicado por completo”.
Altos índices
Sobre la violencia permanente, Aguirre señaló que “concentrar todos los esfuerzos en la expansión militar no basta para contener la violencia ya que si bien en estos años no ha continuado el aumento exponencial de los homicidios, sí permanecemos estancados en índices muy altos”.
El representante recordó que siguen siendo recurrentes “episodios atroces” como los que se vivieron el 19 de junio en Reynosa, Tamaulipas cuando 15 civiles fueron asesinados al azar por grupos del crimen organizado o la violencia registrada en el pasado proceso electoral.
El 21 de junio, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana reportó 2 mil 963 homicidios en mayo, el mes más violento en 2021 y uno de los 10 más sangrientos del sexenio de López Obrador.
Estas cifras indican que la violencia no cesa en México, que tuvo los dos años más violentos de su historia en 2019, con 34 mil 681 asesinatos, y 2020, con 34 mil 554.
En este contexto, el Ejército tiene hoy “una mayor autonomía” y se “ha caracterizado por no rendir cuentas”.
Según el informe, la Guardia Nacional ha matado a 94 personas hasta ahora, de las cuales la propia corporación solo reconoce a 5 como civiles, siendo el resto –89– “agresores” para el cuerpo de seguridad.
Falta de controles
Sobre los controles externos de la Guardia Nacional, Aguirre recordó que la supervisión parlamentaria del Senado que se previó en la ley “no está ocurriendo” y expuso que este cuerpo presentó su informe de 2019 sin ser “un ejercicio real de rendición de cuentas”, mientras el informe de 2020 todavía no se ha presentado.
Recordó que al menos en siete eventos de presuntas ejecuciones extrajudiciales conocido por la sociedad “ha sido la propia Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas” quienes han informado de las investigaciones, sin que se conozca si otros organismos están fiscalizando los sucesos.
De hecho, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aceptó haber recibido, en lo que va del sexenio, 451 quejas contra la GN, 876 contra el Ejército, y alrededor de 339 contra la Marina.
Sin embargo, solo existe una recomendación contra la Guardia Nacional.
Respecto a los controles internos, Aguirre dijo que lo más preocupante es la incorporación de militares en retiro provenientes de la Policía Judicial Militar, “uno de los cuerpos más opacos y con peores antecedentes en derechos humanos de las propias Fuerzas Armadas”.
Finalmente, el informe del Centro Prodh señala que impulsar una reforma adicional para adscribir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) -tal y como recientemente anunció el presidente- “sería muy preocupante ya que cancelaría en la posibilidad de que algún día México cuente con una policía civil de presencia nacional”.
