En México hay un gobernador acusado de crimen organizado, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y evasión de impuestos. Lo investigan el Gobierno de EE. UU. y la Fiscalía General de la República (FGR). Un juez ya pidió su captura. La Unidad de Información Financiera congeló sus cuentas. Pero sigue libre y ejerciendo su cargo debido a una discusión entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial sobre la legalidad de su posible detención.
Se trata de Francisco García Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas que reapareció públicamente el lunes, después de cinco días en los que se multiplicaron las versiones sobre una presunta fuga que, por ahora, no fue tal. En un afán de mostrar normalidad en la gestión, ajeno al vendaval político que hay a su alrededor, publicó fotos en las que encabeza una reunión de gabinete.
El debate sobre la orden de aprehensión en su contra alteró el clima que se vive en el país en vísperas de las elecciones intermedias del próximo 6 de junio, ya que el oficialismo insiste en la legitimidad de las acusaciones y de su desafuero, mientras la oposición lo defiende y advierte que se debe preservar la presunción de inocencia, además de que sigue protegido por sus fueros como gobernador, es decir, que tiene inmunidad judicial.
La misma diferencia de opiniones se replica en la Cámara de Diputados, que ya aprobó su desafuero, y la Cámara de Diputados de Tamaulipas, que lo rechaza. Un ministro de la Corte Suprema ya reconoció la soberanía del Congreso local, lo que juega a favor del gobernador, pero el pleno del máximo órgano de justicia todavía no ha dicho la última palabra.
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De tener razón el Gobierno, la captura de Cabeza de Vaca sería inminente. De lo contrario, solo podrá ser detenido en octubre de 2022, cuando deje el cargo que comenzó a ocupar en 2016.
Mientras tanto, la custodia de la Casa de Gobierno de Tamaulipas se reforzó con elementos del Grupo de Operaciones Especiales. El objetivo es impedir que García Cabeza de Vaca sea aprehendido.
¿Qué pasó?
García Cabeza de Vaca es un político del conservador Partido Acción Nacional (PAN) que en 2016 hizo historia al convertirse en el primer gobernador de Tamaulipas que no provenía de las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Ese estado es uno de los más violentos del país y padece una fuerte presencia de cárteles del narcotráfico que se disputan y controlan una ruta estratégica para sus negocios, ya que Tamaulipas comparte frontera con Estados Unidos. Las balaceras, bloqueos de caminos, presencia e impunidad de narcos, matanzas y crisis humanitarias son recurrentes, en particular por las masacres de migrantes que terminan secuestrados y asesinados por el crimen organizado.
En agosto de 2020, la Fiscalía General de la República (FGR) reveló que investigaba al gobernador por operaciones financieras presuntamente realizadas con recursos ilícitos. No es el primer caso. Por lo menos 16 gobernadores mexicanos han terminado detenidos y condenados, o están prófugos o procesados. La corrupción suele ser el común denominador de las investigaciones judiciales en su contra.
En el caso del gobernador de Tamaulipas, la causa avanzó hasta que el 30 de marzo de este año la Cámara de Diputados, de mayoría oficialista, aprobó su desafuero, lo que de inmediato rechazó el Congreso local que, a su vez, interpuso un reclamo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para defender su inmunidad.
Juan Luis González Alcántara Carrancá, ministro de la Corte, desechó la controversia constitucional y le dio la razón al Congreso local. O sea, decidió que García Cabeza de Vaca seguía protegido por sus fueros, pero luego la FGR impugnó esta decisión. La víspera, el presidente de la Corte, Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea, admitió este reclamo, así que habrá que esperar un nuevo fallo que decidirá si puede ser capturado o no.
Caos
El jueves pasado, el juez Iván Aarón Zeferín ordenó la aprehensión del gobernador, lo que intensificó el debate sobre su caso.
La respuesta de García Cabeza de Vaca fue un comunicado en el que alegó que se violaba su derecho a la presunción de inocencia y a las garantías del debido proceso.
“No me han dejado defenderme, ahora violentan la decisión de un Congreso soberano, y peor aún, desoyen una determinación judicial del máximo Tribunal del país. Los motivos políticos son evidentes. Se usa la justicia para perseguir y amedrentar a los opositores y a los ciudadanos críticos a la gestión del Gobierno y de su partido sobre todo cuando la preferencia electoral de los ciudadanos va en franco declive”, acusó.
El gobernador consideró que no era ninguna casualidad que la orden de aprehensión se hubiera difundido por militantes del partido en el Gobierno. “Esto solo significa que la decisión de proceder en mi contra se tomó en Palacio Nacional”, dijo imputando directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien rechazó que la investigación tuviera motivos político-electorales.
Para confirmar sus dichos, López Obrador reveló que el Gobierno de EE. UU. le había avisado que investigaba a García Cabeza de Vaca por presunto lavado de dinero. “Si nos mandan un oficio así, ¿qué hacemos, quedarnos callados?”, afirmó el presidente.
