El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó este lunes por mayoría el uso lúdico de la marihuana en México.
Con ocho votos a favor y tres en contra, los ministros de la SCJN se pronunciaron por la inconstitucionalidad de la prohibición de la marihuana, después de que el Congreso mexicano no cumplió con emitir una ley para garantizar el derecho de las y los usuarios a consumir la planta, pese a que la Suprema Corte le dio tres prórrogas para discutir y aprobar este tema.
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Con la Declaratoria General de Inconstitucionalidad (DGI), aprobada este lunes, quedan sin efecto los últimos párrafos de los artículos 235 y 237 de la Ley General de Salud (LGS), que prohibían el consumo del cannabis.
La organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) explicó que la decisión de la SCJN permitirá realizar “las actividades necesarias para consumir cannabis con un permiso otorgado” por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), dependiente de la Secretaría de Salud.
No obstante, “la decisión no afecta al sistema penal y deja un vacío legal con respecto al consumo, cultivo y distribución del cannabis”, apuntó MUCD en un comunicado de prensa.
Regulación pendiente
El Congreso mexicano tiene pendiente legislar para delimitar el modelo de regulación del cannabis, particularmente en lo referente al autocultivo, posesión y uso lúdico de esta planta en el país latinoamericano.
El pasado 30 de abril venció el plazo que tenía el Senado para aprobar un proyecto de ley para regular el mercado de la marihuana para uso lúdico, después de que la Cámara de Diputados realizó múltiples cambios a una iniciativa de ley en la materia, un atasco parlamentario que llevó a incumplir con lo ordenado por la Suprema Corte.
A partir del próximo 15 de septiembre, cuando inicie el período ordinario de sesiones, el Congreso mexicano deberá debatir y aprobar una iniciativa que contemple la regulación del autocultivo; la comercialización y venta del cannabis; la producción con fines de investigación e industriales; la descriminalización de la posesión y el consumo, entre otros aspectos.
