Érika Hernández/Agencia Reforma
En la organización de la elección de este año, el INE no sólo tendrá como uno de sus principales obstáculos a la pandemia, también cargará con las declaraciones constantes del Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el proceso y contra la misma autoridad electoral.
También deberá apretarse el cinturón para que el recorte de 870 millones de pesos de su presupuesto, por parte de la Cámara de Diputados, no cause impactos negativos en la contienda.
El INE no sólo estará a cargo de la renovación de la Cámara de Diputados, influirá en la organización de las elecciones concurrentes en las 32 entidades del País, principalmente en las 15 donde se elige Gobernador.
Para las elecciones federales, dispondrá de más de 8 mil millones de pesos, que le servirán para instalar 163 mil 244 casillas en todo el País y contratar a 50 mil capacitadores electorales, quienes instruirán a un millón 469 mil ciudadanos que serán funcionarios de casilla.
Debido a que la mitad del año la pandemia por Covid-19 aún seguirá activa, la labor tradicional del Instituto para organizar una elección se complicará. En un primer corte, las medidas de seguridad para evitar contagios costarán 378 millones de pesos.
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Desde que arrancó el proceso electoral, en septiembre, el INE ha incrementado su trabajo presencial, sin embargo, éste aún es limitado, por lo que a las nuevas tareas se unen los pendientes que tiene el organismo en diversas áreas, principalmente en fiscalización y en procedimientos sancionadores.
De acuerdo con el organismo, junto con los institutos electorales locales, se tienen previstas 5 mil 355 actividades para la realización de los comicios federal y locales, de las cuales han concluido o están en proceso mil 709.
El plan incluye definición de bodegas electorales, registros de pre y candidaturas, proceso de aspirantes independientes, fiscalización, conteos rápidos, programas de resultados preliminares, observadores electorales, elección de mexicanos en el extranjero, entre otros.
La principal preocupación de los consejeros no es la organización, sino la constante intervención del Presidente con sus declaraciones en el proceso, lo que, advierten, podría romper la equidad y provocar que Gobernadores y Alcaldes, principalmente, hagan lo mismo para favorecer a su partido.
“Cuando se compromete la equidad puede estar en riesgo la legalidad, estamos al inicio de un proceso electoral, pero también de los procesos electorales locales. ¿Qué pasará si los Gobernadores deciden tomar el estandarte para criticar a la oposición? Estarían rompiendo este piso de equidad”, advirtió el consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Quejas.
