Millones de latinoamericanos y caribeños empeoraron su situación económica debido a la pandemia de Covid-19, en una región que ha sufrido la mayor cantidad de muertes producto del virus, informó ayer la Comisión Económica para América latina y el Caribe (CEPAL).

Lo sostuvo al hacer público el Panorama Social de la región, en la cual “la tasa de pobreza extrema alcanzaría el 12,5% y la tasa de pobreza el 33,7%. Esto significaría un total de 209 millones de personas pobres a finales de 2020, 22 millones más que el año anterior”.

De ese total, 78 millones de personas se encontrarían en situación de pobreza extrema, 8 millones más que en 2019.

El documento de 262 páginas anotó que “en términos de tasas de pobreza, es necesario remontarse hasta 2008 para encontrar una tasa similar (33,5%), lo que implica un retroceso de 12 años para la región. Este retroceso es aún mayor en el caso de la pobreza extrema, pues se debe retroceder 20 años, hasta 2000, para encontrar una tasa similar (12,4%)”.

El sombrío panorama advierte que “dado que no se prevé claramente una rápida y plena recuperación del mercado de trabajo a corto plazo, es necesario prestar atención a los procesos de reactivación económica y al efectivo aumento y mantenimiento de la cobertura de los programas de protección social de emergencia”.

La CEPAL propone que estos programas de protección social de emergencia incluyan “transferencias suficientes, u otras medidas como el congelamiento de los gastos básicos o el aplazamiento de las deudas, para evitar que una gran proporción de hogares vulnerables sufra pérdidas patrimoniales significativas”.

Recalca la necesidad de “avanzar hacia la construcción de sistemas de protección social universales e integrales”.

El informe da cuenta, asimismo, de la caída del empleo provocado por la pandemia en la mayoría de los países de la región, aunque ésta es menor a la esperada debido a la disminución de la fuerza de trabajo que redujo la presión sobre el mercado laboral.

“Al comparar la variación interanual de los indicadores laborales en el segundo trimestre para 14 países de la región, se observa un incremento en la tasa de desocupación de 2,6 puntos porcentuales y una reducción de las tasas de ocupación y participación de 10,0 y 9,5 puntos porcentuales, respectivamente”, precisa el texto.

Según la CEPAL, la reducción del empleo a nivel regional fue mayor para las mujeres (18,1%) que para los hombres (15,1%).

En 9 de los 12 países examinados, la reducción interanual de la tasa de participación laboral de las mujeres en el segundo trimestre de 2020 es mayor que para los hombres.

Otro sector muy afectado son los trabajadores migrantes internacionales, por su inserción laboral precaria, el menor acceso a los sistemas de protección social, la carencia de redes de apoyo como aquellas con las que cuentan en su país de origen, la discriminación, la exclusión legal y el desconocimiento de procedimientos administrativos.

El documento reconoce la importancia de las medidas de protección social que han adoptado los países de la región “pese a su limitada suficiencia y temporalidad” y que “la mayoría de las medidas han tenido como finalidad satisfacer necesidades básicas y sostener el consumo”.

La CEPAL abogó por considerar más que nunca un ingreso básico universal, las transferencias universales para la infancia y la expansión de las pensiones sociales, además de garantizar el derecho a un trabajo decente, con acceso a protección social para todos los trabajadores.

En otro capítulo analizó el gasto social, constatando una gran heterogeneidad.

“Ocho países asignan menos del 10% del PIB al gasto público social del gobierno central y tres que superan el 17% (Brasil, Chile y Uruguay). En América del Sur y en el Caribe solo un país se mantiene en el grupo de menor gasto del gobierno central, mientras que solo dos países superan este umbral en Centroaméricaù, ejemplificó.

La cantidad de recursos por persona también es un indicador de dicha heterogeneidad. Chile y Uruguay destinan más de 2.500 dólares por persona al año, Barbados, las Bahamas y Trinidad y Tobago más de 2.000 dólares. Entretanto, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras destinan montos per cápita que van de 351 a 175 dólares al año.

Otro aspecto relevante que menciona el documento, y que reafirmó Alicia Bárcena, es que “la pandemia de COVID-19 está agudizando las desigualdades de género en el mercado laboral”.

“La tasa de desocupación de las mujeres a nivel regional podría ubicarse en alrededor del 15,2% y la de los hombres, en un 12,3%, al cierre de 2020, comparadas con un 9,6% y un 7,1%, respectivamente en 2019. Se proyectaba además que el número de mujeres en situación de pobreza alcanzaría la cifra de 118 millones en 2020”, indicó el documento.

El coronavirus afecta especialmente a las mujeres, agrega, quienes se encuentran en la primera línea de respuesta para realizar las tareas de cuidado y prevenir la propagación del virus. “En la región, un 73,2% de quienes se ocupan en el sector de la salud son mujeres”, afirmó.

El organismo de la ONU también postula “la creación de puestos de trabajo para atender las demandas de cuidado infantil y de educación oportuna (que) puede considerarse otra herramienta potente que contribuiría a revertir la crisis mediante la inversión en la economía del cuidado. Con la creación de empleos también se produce un aumento de la demanda agregada, lo que dinamiza la economía”.

Por último, advierte los riesgos que implica para la democracia la crisis desatada por la pandemia.

“La proporción de quienes están de acuerdo con que se gobierna para unos cuantos grupos poderosos pasó del 60,9% en 2009 al 78,8% en 2018, lo que da cuenta de un aumento en la percepción de falta de representación y protección del interés de la ciudadanía”, subrayó. 

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