La Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral entregó un informe a su Consejo General en el que advierte que la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda no han colaborado en darles información que son parte de las carpetas de investigación que tienen por el presunto financiamiento ilegal de Odebrecht a campañas del PRI.
Tampoco por la indagatoria contra Emilio Lozoya, ex director de Pemex; una contra Pío López Obrador, hermano del presidente, y David León, por la presunta entrega de dinero para beneficiar a Morena en 2015; y otros casos contra ex senadores.
En sesión, el consejero Ciro Murayama señaló que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales les “ha respondido que no puede darles la información por el secreto ministerial”, al tratarse de investigaciones en curso y porque el INE “no tiene calidad de parte interesada en la carpeta”, a pesar de que ellos indagan presuntos financiamiento ilegal destinado a procesos electorales.
“Hemos encontrado dificultad para conocer la información indispensable para que esta autoridad fiscalizadora pueda hacerse de elementos de prueba y llegar al fondo de los asuntos… Ha encontrado de manera sistemática la negativa de la Fiscalía General de la República para proporcionar información que esa autoridad ministerial va conociendo”, dijo.
Señaló que del 19 octubre de 2017 al 23 de septiembre de este año han realizado más de seis solicitudes a la Fiscalía “para llegar al fondo de los asuntos y saber qué ocurrió pero la autoridad ministerial se niega a proporcionar la información”.
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Por su parte, la consejera Adriana Favela afirmó que la falta de datos afecta a que puedan concluir sus investigaciones.
“No hemos podido avanzar en las investigaciones por la falta de información, lo ideal sería que atendieran nuestros requerimientos de manera precisa, que nos brindarán la información y nosotros podamos concluir las investigaciones y llegar a una determinación”, indicó.
Los consejeros advirtieron que podrían cerrar estos casos para llevar a que los partidos impugnen su resolución y así obtener más datos de las carpetas de investigación.
