Un juez federal rechazó otorgar una suspensión definitiva a Alonso Ancira Elizondo, presidente del Consejo de Administración Altos Hornos de México (AHMSA), quien buscaba llevar su proceso penal en prisión domiciliaria, por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El juez de amparo consideró que de conceder la suspensión y permitir que Ancira continúe su proceso en prisión domiciliaria se estarían dando efectos restitutorios y el juicio de garantías quedaría sin materia.
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“Sin que haya lugar a conceder la suspensión en los términos solicitados por la parte quejosa, esto es, que se ordene la prisión preventiva oficiosa bajo modalidad domiciliaria, ya que de hacerlo, se estarían dando efectos restitutorios, los cuales, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, son propios del fondo de la sentencia que se dicte en el juicio de amparo y no del incidente de suspensión”, señaló el juez en su resolución notificada este martes.
Además, se ordenó al director del Reclusorio Norte, para que bajo su responsabilidad o por conducto de quien corresponda, garantice y preste de manera inmediata la atención médica que necesite el empresario y se le suministren los medicamentos que correspondan.
“Dado el contexto de la pandemia derivada del virus covid-19, de manera inmediata tome todas las prevenciones, acciones y medidas pertinentes para controlar y/o evitar su contagio, por lo cual debe actuar bajo su más estricta responsabilidad e informar las medidas de seguridad implementadas para preservar la salud del justiciable y, en consecuencia, su vida”, detalla la resolución.
El juicio de amparo deberá continuar su tramitación y en su sentencia definitiva el juez deberá analizar si la orden de mantener a Ancira sujeto a prisión preventiva está o no apegada a Derecho.
Alonso Ancira permanece en el Reclusorio Norte vinculado a proceso por lavado de dinero en el caso Agro Nitrogenados.
Hace unas semanas, José Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del reclusorio Norte, vinculó a proceso y decretó prisión justificada contra el empresario, por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivado de un soborno al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, y a Giselle Lozoya.
Aunque la defensa indicó que el empresario y Pemex llegaron a un acuerdo reparatorio para extinguir la causa penal en su contra, el juez de control ordenó exhibir el pacto formalizado para analizar una posible modificación de la medida cautelar y, eventualmente, resolver sobre la conclusión del proceso.
