Decenas de organizaciones de Texas criticaron fuertemente al gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, tras convertir en ley un paquete de proyectos antimigrantes, y le advirtieron que se verán en las cortes “muy pronto”.
Abbott firmó el lunes en la frontera de Brownsville con México el paquete de tres leyes aprobadas en las sesiones extraordinarias de la Legislatura estatal, entre las que destaca la SB4, que otorga a los departamentos de policía locales el poder de arrestar a los migrantes que ingresaron ilegalmente al estado y ordenarles a salir de Estados Unidos.
Cerca de allí, un grupo de activistas liderados por La Unión del Pueblo Entero (LUPE) y Frontera Texas Organizing Project le recordaron al gobernador que están en “estado de alerta y resistencia” ante la implementación de esta medida.
Más de cuarenta personas protestaron al grito de “Sí se puede” en el lugar, dando inicio a una campaña lanzada la semana pasada y a la que se han sumado más de 50 organizaciones comunitarias que prometen manifestaciones en los próximos meses.
“No hay límite para el terror que el gobernador Abbott provoca sobre los texanos”, dijo Tania A. Chávez Camacho, directora de LUPE, en la protesta.
Añadió que el republicano y sus aliados han permitido que Texas se convierta en un “lugar seguro” para un pequeño grupo de personas xenófobas y antimigrantes, y al mismo tiempo en un sitio hostil para la mayoría de los texanos.
Chávez advirtió que continuarán marchando, testificando y organizándose contra estas políticas “en las calles y en los tribunales”.
En ese sentido, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Texas confirmó a EFE que tiene “la intención” de presentar esta semana una demanda contra la SB4.
Sarah Cruz, estratega de políticas y defensa de los derechos fronterizos y de los migrantes en la ACLU de Texas, dijo que esta ley es uno de los proyectos “más radicales y antimigrantes del país” que sin duda conducirá a más violaciones de derechos “e infundirá miedo en las comunidades afroamericanas, morenas e indígenas y en todas las personas de color en todo el estado”.
La abogada advirtió que la SB4 viola el derecho internacional y federal e interfiere con el proceso de asilo.
Por su parte, Fernando García, director ejecutivo de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR), advirtió en un comunicado de prensa que docenas de organizaciones de Texas se han comprometido a “resistir la agenda antimigrante, racista y xenófoba encabezada por el gobernador Abbott“.
Domingo García, presidente de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), la mayor organización hispana de derechos civiles de Estados Unidos, también se despachó contra Abbott y la Legislatura de Texas, a los que acusó de estar “determinados a convertir su poder legislativo en un arma para obtener ganancias políticas a costa de seres humanos”.
El presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Elegidos (NALEO), Arturo Vargas, también condenó en un comunicado la promulgación de la ley, que calificó de antimigrante, inconstitucional, costosa y poco sólida.
Aseguró que NALEO estará dispuesta a brindar a los funcionarios latinos elegidos y designados en Texas “los recursos necesarios para ayudar a sus electores a comprender los efectos de esta ley y proteger sus derechos”.
No obstante, Abbott defendió el derecho de Texas de asegurar su frontera. “La meta de esta ley es parar la oleada de ingresos ilegales de extranjeros a Texas”, subrayó en la ceremonia de la firma.
Explicó que la aplicación de la SB4 “se enfocará en la frontera” y aseguró que la ley es constitucional.
