Organizaciones civiles condenaron la reciente oleada de violencia en México contra comunicadores y defensores de derechos humanos de la tribu yaqui y exigieron a las autoridades mejorar la protección y revertir la impunidad.
“Personas y organizaciones de la sociedad civil condenamos los asesinatos de miembros de la tribu yaqui y periodistas en Coahuila, Oaxaca y el Estado de México“, informaron en un comunicado que leyeron durante la conferencia de prensa.
En junio fueron asesinados en Sonora los defensores del agua y el territorio Tomás Rojo, tras días desaparecido, y Luis Urbano Domínguez, ambos líderes de la tribu yaqui.
La lucha histórica más encarnizada de la tribu yaqui por la tierra y el agua data de finales del siglo 19, que terminó con las deportaciones de los indígenas desde Sonora (noroeste) a la península de Yucatán (sureste).
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Aunque este conflicto ha perdurado en el tiempo en la región y se ha recrudecido en los últimos meses.
Además, mataron a los periodistas Saúl Tijerina, en Coahuila; Enrique García, en Estado de México, y Gustavo Sánchez Cabrera, en Oaxaca, este último beneficiario del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras y Periodistas.
Durante la conferencia, los participantes manifestaron su solidaridad con las víctimas de la violencia y sus familiares, además de exigir que las autoridades de Gobierno establezcan las garantías necesarias para el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos.
Esto, relataron, solo será posible a través del impulso de una política pública integral de protección para defensores y periodistas contra la violencia.
En la conferencia, moderada por la ONG Serapaz, participaron Mario Luna, integrante de la tribu yaqui; Paula Saucedo, oficial del programa de protección y defensa de Artículo 19, y Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional.
Según indicaron, los asesinatos recientes reflejan los riesgos a los que están expuestos en México los defensores de derechos humanos y la libertad de expresión.
Además, reflejan la ausencia de medidas y políticas de las autoridades federales, estatales y municipales “para prevenir y sancionar los ataques a la vida, integridad y labor de las personas defensoras y periodistas”, dijeron.
En este sentido reiteraron falencias identificadas que posibilitan que defensores y periodistas no puedan desarrollar su trabajo con seguridad, como son la falta de campañas de reconocimiento de derechos humanos, la ausencia de sanciones a agresiones y la poca coordinación entre diferentes niveles de gobierno.
Por eso, dijeron, exigieron a las autoridades “implementar acciones dirigidas a la creación de entornos seguros para la defensa de derechos humanos y el ejercicio periodístico, así como omitir cualquier acción que inhiba el ejercicio de los derechos de estas poblaciones”.
Por otra parte, también recomendaron generar mesas de trabajo con participación de autoridades capacitadas y personas defensoras, periodistas y organizaciones de la sociedad Civil.
Asimismo, pidieron a las fiscalías combatir la impunidad de manera contundente y a través de investigaciones diligentes.
“También exigimos al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas dar seguimiento a la implementación de las recomendaciones establecidas en el Diagnóstico sobre el funcionamiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”, añadieron.
Las exigencias fueron formuladas desde el Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, formado por numerosas personas y organizaciones de la sociedad civil como Artículo 19, Amnistía Internacional México, Espacio libre independiente Marabunta, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Red Nacional Género y Economía, Organización Familia Pasta de Conchos, entre muchas otras.
