En un ambiente cargado de tensión social y política, España amaneció este 11 de noviembre sumergida en una inédita huelga general de 24 horas. Impulsada por la asfixiante crisis en el acceso a la vivienda, la movilización representa el primer paro masivo respaldado simultáneamente por Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) en 14 años, justo en la antesala del arranque formal de la campaña electoral.
El llamado a la huelga, gestado originalmente por el Sindicato de Inquilinas (SDI) y secundado por las principales centrales obreras, coloca la especulación inmobiliaria en el centro del debate nacional, demandando además mejoras salariales, reducción de la jornada laboral y freno a la inflación.
Un país dividido en el seguimiento
El impacto del paro se ha sentido de manera desigual a lo largo del territorio español. Las mediciones sindicales reportan una fuerte adhesión en grandes núcleos urbanos y zonas industriales, destacando Cataluña con un 84 % de participación. De acuerdo con el vicesecretario general del Área Interna de UGT, Rafael Espartero, la respuesta ciudadana oscila entre el 75 % registrado en regiones como Andalucía y Aragón, y un más moderado 41 % en Extremadura y Castilla-La Mancha.
El sector energético reflejó la magnitud de la jornada desde primeras horas. Red Eléctrica confirmó una caída del 10 % en el consumo energético nacional a las 7:00 horas, cifra que se estabilizó en un 6,64 % hacia las 10:00 de la mañana.
Tensión en las calles y denuncias contra la policía
La jornada ha estado marcada por choques entre fuerzas de seguridad y manifestantes en diversos puntos del país. CCOO y UGT anunciaron que interpondrán denuncias formales por lo que consideran un “uso desproporcionado y abusivo” de la fuerza policial contra los piquetes de información, recriminando el empleo de gas pimienta y detenciones arbitrarias.
El detonante social de la movilización se remonta al trágico fallecimiento de Maricarmen Abascal, de 87 años,tras ser desahuciada violentamente por agentes policiales hace poco más de un mes. El caso avivó el malestar contra los fondos de inversión y rentistas acusados de acaparar inmuebles, inflar precios y perpetuar una política de desalojos inaccesible para la población trabajadora.
Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas, calificó la fecha de “histórica” durante una entrevista en Radio Nacional, enfatizando que la huelga apunta “contra el rentismo como sistema” y señalando a empresas de desocupación, inmobiliarias y propietarios por encarecer el derecho a la vivienda.
Sacudida en el tablero electoral
El paro general se desarrolla en un momento político sumamente sensible: a menos de 48 horas de que inicie la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre, donde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, busca la reelección.
La movilización ha generado reacciones opuestas en la cúpula política:
- Pedro Sánchez (Presidente del Gobierno): Defendió públicamente el valor histórico de la protesta social, subrayando que las conquistas en derechos han sido históricamente fruto de la movilización y la organización ciudadana.
- Alberto Núñez Feijóo (Líder de la oposición): Exigió la suspensión inmediata del paro, acusando a las centrales sindicales de promover una movilización orientada a perjudicar a la oposición.
Pese al cruce político, los colectivos organizadores reiteraron la independencia de la protesta. Desde el SDI remarcaron que el reclamo alcanza por igual a las fuerzas políticas de izquierda que han respaldado o tolerado modelos de mercado que tratan a la vivienda como una mercancía y no como un derecho primordial.
