Los expresidentes del Instituto Federal Electoral (IFE), José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde y Leonardo Valdez Zurita, alertaron que la iniciativa de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador no fortalece el control democrático ni la legitimidad del proceso electoral, además de que mina la independencia del árbitro electoral y pretender que el poder político influya en las decisiones electorales.
Los tres exconsejeros del extinto IFE participaron en el foro “En defensa del INE, la Constitución y la democracia”, organizado por el Frente Cívico Nacional.
José Woldenberg centró su análisis de la iniciativa en que mina la autonomía que actualmente tiene el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al pretender que los consejeros y magistrados electorales sean nombrados mediante voto ciudadano, lo que los obligaría a hacer campaña y depender de los partidos para obtener el triunfo.
Planteó que todo sistema electoral es mejorable, “pero lo que pretende la reforma constitucional que envió el Presidente a la Cámara de Diputados implica la destrucción de lo construido y que ha cumplido su misión”. Estimó que “hoy tenemos elecciones auténticas” y la diversidad política ha logrado convivir y competir en forma pacífica.
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“No obstante, las baterías del Gobierno (con su iniciativa) se orientaron hacia el entramado electoral que le permitió convertirse en la primera fuerza política. El proyecto acaba con el INE, el Tribunal, los institutos y tribunales locales, por un solo órgano electoral y tribunal. El problema que resulta más políticamente alarmante es la intención, apenas escondida, de mermar la autonomía de las instituciones electorales para alinearlas a la voluntad oficial”, destacó.
Al recordar que la iniciativa busca que el Presidente de la República, la Cámara de Diputados y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presenten candidatos a esos cargos para compitan por el voto, dijo que no se requiere ser sagaz para saber que Morena tendría la mayoría de las propuestas. “La pugna electoral requiere organizadores imparciales y que no estén alineados con ninguno de los competidores”, planteó.
José Woldenberg rememoró que el Gobierno plantea que es excesivo el gasto del INE, cuando la realidad es que la mayor parte de su presupuesto se va en la emisión de credenciales de elector.
Por su parte, Leonardo Valdez Zurita afirmó que en el proyecto del presidente López Obrador, “no hay una sola propuesta que fortalezca el control democrático de los procesos electorales y tampoco ninguna que fortalezca la legitimidad del proceso electoral”.
Sobre la reducción del financiamiento que pretende a los partidos, dijo que eso obligaría a los institutos políticos a buscar recursos quién sabe de dónde. Sobre la modificación de los tiempos oficiales, dijo que corre el riesgo de ser una propuesta inconstitucional, además de que la supuesta eliminación de legisladores plurinominales tiene la intención de lograr una sobrerrepresentación del partido en el Gobierno y una subrepresentación de la oposición. Planteó que no tiene sustento la iniciativa de implementar el voto electrónico.
Por su parte, Luis Carlos Ugalde resaltó que mientras la democracia representativa busca controlar el poder, la democracia populista busca usar el poder para transformar la realidad.
Consideró que una vez que las tres principales fuerzas políticas han logrado la Presidencia, la transición democrática podría llegar cuando haya una nueva alternancia del Gobierno federal.
Resaltó que frente a la iniciativa de reforma electoral del primer mandatario surgen siete batallas que hay que dar: por la memoria, la legalidad, autocontención democrática, el presupuesto, nombramiento de consejeros, aceptación de los resultados en los comicios presidenciales del 2024, y la batalla pacífica en las calles.
Precisó que la batalla de la memoria tiene que ver con recordar a la población que las actuales reglas electorales provienen desde hace 20 años por demandas incluso del actual presidente en 2006; sobre la legalidad, dijo que es para lograr que los funcionarios de los tres niveles de Gobierno y de los partidos respeten y se apeguen a la ley electoral. “El presidente López Obrador reitera una y otra vez que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie, pero en los hechos el Presidente no solo ha violado la ley, sino que ha alentado para que su Gobierno y partido político lo hagan en el último proceso de la revocación de mandato. Si esta acción concertada, alentada y desafiante desde el Estado mexicano se repitiese en 2024, no habrá autoridad ni instituto ni tribunal que puedan detener un desacato sistemático desde la cúspide del poder”, refirió.
Respecto a la autocontención democrática, expuso que se trata de que las autoridades no caigan en desacato o provocación. Sobre el presupuesto, Ugalde estimó que si no se aprueba la iniciativa, es probable que el Gobierno y Morena quieran reducir los recursos al INE bajo el pretexto de excesivo gasto. “Si nuevamente hay un recorte significativo, el INE puede empezar a padecer de cierto daño para la capacidad organizacional, y esto puede agudizarse para el 2014”, refirió.
Sobre el relevo de consejeros en abril del próximo por llegar al fin de su gestión constitucional, Luis Carlos Ugalde alertó el riesgo de que el Gobierno federal pretenda dejar acéfalas las vacantes que dejarán Lorenzo Córdova, Adriana Favela, Ciro Murayama y José Roberto Ruiz Saldaña. Si no hay nombramientos, dijo, “esto significa que el INE podría quedar acéfalo con un presidente interino y sólo siete consejeros, con las consecuencias que eso puede significar para la elección del 2024”.
En tanto, sobre la aceptación de los resultados en los comicios presidenciales del 2024, mencionó que esto es tan importante, porque si hay una elección presidencial competida y cerrada se entraría a una crisis constitucional si el Gobierno o el Presidente en turno no reconoce los resultados. “No es lo mismo que el resultado lo desconozca un candidato perdedor que el mismo Gobierno o el partido oficial. De tal forma que sin conocer la dinámica política que el país tomará, la democracia requiere tener las condiciones políticas e institucionales para que, gane quien gane, por el margen que sea, sea aceptado por todas las partes. Si hoy tenemos duda de que alguna de las partes no estará dispuesta a aceptar entonces quiere decir que estamos en un enorme, enorme riesgo político y constitucional como país”, alertó.
