Donald Trump y el Departamento de Justicia presentaron a dos candidatos cada uno para servir como “maestro especial” (una suerte de peritos) nombrado por el tribunal para examinar los documentos incautados de la mansión del expresidente en Mar-a-Lago.
En una nueva presentación judicial, el Departamento de Justicia propuso a Barbara S. Jones, un juez retirado nominado por el expresidente Bill Clinton, y Thomas B. Griffith, un juez retirado del tribunal de apelaciones que fue nominado por el expresidente George W. Bush.
Jones es ahora socia de Bracewell LLP, donde se centra en investigaciones internas, arbitrajes y mediaciones, y se ha desempeñado como maestra especial en al menos dos casos relacionados con las órdenes de registro.
Griffith, abogado especial en Hunton Andrews Kurth LLP, se ha centrado en litigios de apelación e investigaciones internas y del Congreso, y es profesor en la Facultad de Derecho de Harvard.
El equipo legal de Trump, por su parte, propuso a Raymond J. Dearie, un ex juez federal nominado por el expresidente Ronald Reagan, y Paul Huck Jr., ex asesor general del entonces gobernador de Florida Charlie Crist, que una vez se desempeñó como fiscal general adjunto del estado.
Dearie también sirvió en el Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, mientras que Huck es el fundador de un bufete de abogados.
Ambas partes responderán a los candidatos propuestos por la otra el lunes.
Las presentaciones fueron realizadas a última hora del viernes.
Los abogados de Trump han presionado para que el “maestro especial” tenga acceso a todos los materiales incautados, incluidos los documentos marcados como clasificados.
También han insistido en que el maestro especial debe determinar si se aplica el privilegio ejecutivo, sin tener que consultar con la Administración Nacional de Archivos y Registros.
El Departamento de Justicia, sin embargo, se opone a esos parámetros, argumentando que cualquier reclamación de privilegio ejecutivo debe ser presentada a los Archivos Nacionales.
La presentación judicial se produce pocos días después que Trump obtuvo una victoria en la sala del tribunal cuando un juez federal aprobó su solicitud para que un tercero revise el material incautado de su residencia de Florida el 8 de agosto pasado.
El Departamento de Justicia insiste en derribar esa decisión y el jueves realizó una presentación judicial apelando el fallo la jueza Aileen Cannon (designada por Trump) ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos.
Los expertos legales criticaron el fallo de Cannon, señalando que la implementación de un maestro especial sería extremadamente difícil, si no imposible.
Si el tribunal nombra a un maestro especial, esa persona revisará los documentos que el Departamento de Justicia dijo que son tan sensibles y clasificados que los agentes del FBI y los abogados del Departamento de Justicia necesitaban autorizaciones de seguridad adicionales para revisarlos.
El Departamento de Justicia informó hace unos días que los agentes del FBI encontraron el mes pasado más de 11.000 páginas de documentos gubernamentales que, en virtud de la Ley de Registros Presidenciales, pertenecían a la custodia de los Archivos Nacionales.
