La desconfianza de la ciudadanía hacia los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz ha alcanzado un punto crítico. Colectivos de búsqueda y defensores de derechos humanos advierten que la presunta implicación de agentes policiales en delitos de alto impacto —como desapariciones forzadas, arrestos arbitrarios y abuso de autoridad— ha fracturado severamente la credibilidad de la corporación estatal.
Esta crisis de legitimidad no se limita a un sector, sino que debilita directamente la percepción de la institución encargada de garantizar la paz y el orden en la entidad.
El dilema de la búsqueda: cooperar por necesidad, no por fe
Para las agrupaciones dedicadas a la localización de personas desaparecidas, la coordinación con las fuerzas de seguridad pública del Estado se ha convertido en un dilema complejo. Aunque operativamente requieren del acompañamiento policial para realizar sus labores de campo, reconocen que el vínculo está completamente desgastado debido a las sospechas que pesan sobre diversos uniformados.
Gabriela Torres, vocera del colectivo Buscando tus Huellas Coatzacoalcos, fue tajante al describir la situación actual de esta relación institucional:
“No hay confianza. Desafortunadamente no la hay. Tenemos que trabajar a veces con ellos, pero la confianza simplemente no existe”, manifestó de manera directa.
Un panorama de abusos de norte a sur
Los señalamientos contra el personal de la SSP no corresponden a casos aislados ni a una región en específico; por el contrario, las denuncias e investigaciones formales se extienden a lo largo de todo el territorio veracruzano, desde la zona norte hasta el sur del estado.
Entre las conductas delictivas y faltas administrativas que más se reportan ante los organismos de derechos humanos destacan:
- Detenciones arbitrarias: Arrestos sin el sustento legal ni el debido proceso.
- Uso desproporcionado de la fuerza: Sometimientos violentos que vulneran las garantías individuales.
- Desapariciones forzadas: El señalamiento más grave que vincula a elementos en activo con redes criminales o detenciones de las que se pierde registro.
De acuerdo con activistas y defensores de garantías individuales, el acumulado de estos abusos ha generado un efecto adverso en la sociedad: hoy en día, una parte considerable de la población prefiere evitar el contacto con la policía y desiste de solicitar su auxilio ante emergencias, por temor a convertirse en víctimas de los propios uniformados.
