Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizaron la la ampliación que hizo la actual administración del delito de ultrajes a la autoridad y no la reforma al Código Penal de 2003, señaló el abogado Felipe de Jesús Fernández Basilio.
Lo anterior luego de que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez pretenda señalar a la reforma de 2003 fue la responsable de la declaratoria de inconstitucionalidad del delito de ultrajes a la autoridad.
Explicó que anteriormente este tipo penal estaba anteriormente como un delito menor, “nadie lo invocaba y nadie decía nada, se armó el revuelo cuando propuso agravarlo”.
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Por ello, insistió en que la reforma que el Congreso local realizó en 2021 fue la usada para maquinar pruebas contra ciudadanos y de esta manera enviarlos a prisión por el delito de ultrajes a la autoridad.
“Estos casos de ultrajes a la autoridad se maquinaban con pruebas con la finalidad de obtener alguna extorsión y en caso de que se diera el dinero, ya no se perseguía pero si no los persiguen hasta las últimas consecuencias, los pretextos esquema llevaban armas o que pertenecen a Los Zetas”, dijo.
Y recordó que el Código Nacional de Procedimientos Penales es el que establece qué delitos son grave y no el Código Penal de Veracruz, por lo cual lamentó que con este delito los jueces hayan dejado de actuar como jueces de control y ordenaran la prisión preventiva oficiosa.
Esto a pesar de que la reforma constitucional que dio entrada al sistema oral-adversarial actual era que la prisión preventiva se impusiera en casos excepcionales y que los juicios fueran pocos, lo cual no se cumple con esta figura.
