El asesinato del periodista Carlos Castro, ocurrido en Poza Rica, no es un hecho aislado ni una estadística más en el registro de violencia contra la prensa. Es una prueba directa -otra más- de que en Veracruz la palabra sigue costando la vida y de que el estado, encabezado hoy por Rocío Nahle, está obligado no solo a investigar, sino a demostrar con hechos que la impunidad no es la norma ni la coartada permanente del poder.
Las exigencias de organizaciones internacionales, nacionales y estatales no son exageraciones ni protagonismos. Son el reflejo de un hartazgo profundo y de una desconfianza acumulada del gremio periodístico hacia los tres poderes de la Unión, que han fallado de manera sistemática en su deber de garantizar la libertad de opinión y expresión y la integridad de quienes la ejercen.
Frente a esta realidad, los mensajes oficiales, breves, huecos y carentes de compromisos, resultan insultantes. No sirven para contener la indignación ni para responder a las atrocidades, vejaciones y al constante ninguneo que padecen los periodistas bajo los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación. En Veracruz, la paradoja es grotesca: un día se criminaliza la protesta o la crítica bajo el discurso del “terrorismo”, y al siguiente, un periodista es víctima de una agresión, una amenaza o una muerte violenta.
En este escenario, la mal llamada Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas ha quedado reducida a una estructura subordinada y funcional al poder en turno. Lejos de defender al gremio, actúa como un coro de aplausos, justificando lo injustificable y refrendando lealtades no con la verdad, sino con las migajas políticas que se reparten desde Palacio. Su papel no protege, simula; no acompaña, legitima el abandono.
Por ello, poco o nada deberían importar los desplegados oficiales y las condolencias en redes sociales. No reparan el daño, no garantizan justicia y no previenen nuevas agresiones. Lo que antes podía ofrecer un mínimo consuelo a las víctimas o a sus familias, hoy profundiza la percepción de cinismo institucional. Más grave aún, el descrédito no proviene, en exclusiva, de la oposición política, sino de una sociedad que observa cómo sus autoridades pierden, día tras día, el respeto ciudadano.
Cuando el poder se acostumbra al silencio cómplice y el crimen se vuelve rutina, la verdad deja de ser un derecho y se convierte en un acto de resistencia. Una sociedad que normaliza la muerte de sus periodistas termina condenándose a vivir sin memoria, sin crítica y sin futuro.
