En tanto los escándalos de corrupción gubernamental se vienen ventilando, un día sí y otro también, siguen en aumento la inseguridad pública, la falta de empleo, la fatal irresponsabilidad de los jefes del sector salud y la ausencia de obra pública en Veracruz, sin que esto parezca importar a los funcionarios públicos cuitlahuistas.
Y esto viene a cuento porque es probable que en la Secretaría de Finanzas anden más apurados buscando las mejores alternativas para hacer frente al espinoso tema de la deuda publica que supera los 41 mil mdp, según las cifras oficiales.
De acuerdo con lo que publica el analista Alberto Aguirre en su columna ‘Signos Vitales’ de El Economista, el gobernador Cuitláhuac García “encargó la planeación de este rescate financiero a Felipe Izaguirre Navarro —quien estuvo a cargo de la bursatilización de la deuda en el sexenio de Fidel Herrera y que hasta la fecha tiene ahorcados a más de 90 municipios—, Orlando Sosa López, y Edgar Amador. Para salvar las precarias arcas estatales, el mandatario morenista pidió autorización al Congreso local para contratar un empréstito por 996 millones de pesos, supuestamente bajo proceso de licitación. Los intermediarios trabajan sin descanso por una nada despreciable comisión de 4 por ciento. ¡Órale!”
Y aquí es necesario dar una alerta a tiempo. En Veracruz, los colaboradores financieros de los secretarios de despacho, titulares de poderes u órganos autónomos y alcaldes, sea cual sea su color político, siguen creyendo que amarrar la pata de la vaca los exime en lo moral y en lo jurídico. En lo moral quedan estigmatizados de por vida sin camino de regreso. Y en lo jurídico, el aspecto más preocupante, deben saber que existe un delito que se denomina incumplimiento u omisión del deber legal y se paga con cárcel y con inhabilitaciones hasta por diez años. Esta ignorancia o ingenuidad conveniente -y muchas veces, dadora de grandes dividendos especiales otorgados en lo oscuro por la mano del que manda- llevó a la cárcel a gentes importantes como Porfirio Serrano o Flavino Ríos, quienes por esa falta aparentemente tonta estuvieron muchos meses en la cárcel y quedaron como probables corruptos ante la sociedad.
Volviendo al escabroso tema de la deuda jarocha, lo curioso del caso mencionado por el periodista, es que Felipe Izaguirre es la mano derecha de Ángel Céspedes, el que funcionó como “gurú financiero” de Javier Duarte. Y el famoso Edgar Amador, el exsecretario de finanzas de Miguel Ángel Mancera, dejó olores nauseabundos y cientos de expedientes abiertos en el manejo de los más de ocho mil millones de pesos destinados al programa de Reconstrucción de la Ciudad de México, luego del sismo del 19 de septiembre 2017.
¡Pasú mecha, Marimar! Sabrá el gobernador Cuitláhuac García dónde lo están llevando sus incondicionales funcionarios financieros, que lo hacen ver igual que sus dos antecesores inmediatos, o es que esto es un juego de billete fácil, bien armado para unos cuantos y selectos allegados.
Y el aspecto político debiera cuidarse. Que no se enteren AMLO, Marcelo Ebrard o Mario Delgado que acá en Veracruz le dan juego y negocio al duartismo y a los amigos de Mancera.
