Un coronel, después ascendido a general y otros militares colaboraron en la desaparición y probable muerte de algunos de los 43 estudiantes de la Escuela para Maestros de Ayotzinapa, en septiembre de 2014, en México, de acuerdo con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.
La vinculación de las Fuerzas Armadas en este escandaloso episodio, que sigue siendo una herida abierta en la conciencia colectiva de este país, era sólo una hipótesis plausible hasta hace poco, pero ahora se convirtió en certeza luego que Encinas presentó el informe de la Comisión de la Verdad sobre el caso.
Según Encinas, que ha sido jefe de gobierno de la capital y es un viejo luchador de izquierda, algunos militares fueron responsables del “asesinato y la desaparición” de al menos seis de los 43 jóvenes detenidos ilegalmente la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en Iguala, estado sureño de Guerrero.
Los estudiantes se habían apoderado de varios buses para usarlos en una manifestación que se celebraría el 2 de octubre en la capital mexicana para conmemorar la masacre de esa fecha en el céntrico barrio de Tlatelolco en 1968, reprimidos durante una protesta irónicamente también por el Ejército.
Uno de los vehículos escondía un cargamento de armas o drogas por lo que la primera versión oficial es que los jóvenes fueron confundidos con miembros de la banda Los Rojos, enemiga de la organización Guerreros Unidos, que ordenó detenerlos y asesinarlos.
Pérez, ascendido a general en 2015, coadyuvó en la desaparición de los estudiantes y sería procesado por la justicia militar.
El funcionario dijo que “en ningún momento los mandos activaron el mecanismo de búsqueda que establece el protocolo” del ministerio la Defensa Nacional en caso de elementos desaparecidos, por cuanto había un soldado infiltrado entre los 43 estudiantes y de haberse hecho se hubiera evitado este problema.
Encinas, que encabeza la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, señaló que el coronel tenía bajo su mando el 27 Batallón de Infantería en septiembre de 2014, con sede en Iguala, al que instruyó salir a investigar lo que estaba sucediendo con los estudiantes.
Llamadas a teléfonos de emergencia muestran que seis de los estudiantes “se mantuvieron con vida” en una “bodega vieja” (galpón) hasta “cuatro días después de los hechos y que fueron ultimados y desaparecidos por órdenes del entonces coronel Rodríguez Pérez”, dijo Encinas.
La “verdad histórica”, establecida en el informe final de la primera investigación oficial, durante el gobierno del presidente Enrique Peña, señaló que los 43 estudiantes fueron detenidos, asesinados y sus cuerpos incinerados en un basural de Cocula, ciudad vecina a Iguala y los restos esparcidos en el río San Juan.
Sin embargo, Encinas señaló que los estudiantes “nunca estuvieron juntos” y que el responsable principal de la primera indagatoria, el entonces procurador general Jesús Murillo, detenido esta semana y declarado en prisión preventiva por torturar al menos a 6 personas, manipularon el caso para ajustarlo a esta versión oficial.
“Queda demostrada la participación de las Fuerzas Armadas en los hechos, además de la presencia del soldado Julio César López Patolzin”, el estudiante infiltrado del Ejército, quien desapareció junto con los demás, sin que sus superiores lo buscaran e intentaran rescatarlo.
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“Pero también hay testimonios de la intervención” en diversos hechos relacionados con el asunto en el que “participaron” las fuerzas armadas encubriendo el caso, indicó.
Encinas considera que este episodio fue “un crimen de Estado” pero especialistas estiman que declararlo así coloca un velo de impunidad para los verdaderos asesinos, que serían miembros de la banda Guerreros Unidos, es decir, del crimen organizado.
En todo caso, estuvieron de acuerdo con el funcionario en que el encubrimiento y la construcción de la versión prevaleciente hasta ahora, que incluyó la tortura de los detenidos y la alteración de la escena del crimen, involucró a autoridades de diversos niveles.
“Autoridades federales, estatales y municipales fueron omisas y negligentes, existiendo elementos de presunción respecto a alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos”, afirmó Encinas.
