En el gobierno del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador no hay día que su narrativa sirva para atacar a los medios de comunicación, al tildarlos de ‘prensa vendida’, ‘aliados de la mafia del poder’ y cientos de descalificativos más, cuando se dan a conocer a la opinión pública los graves niveles de corrupción de sus hijos, hermanos, familiares cercanos y de altos funcionarios de su administración y de los gobierno afines a la cuatroté.
Sin embargo, López Obrador no habla abiertamente de los gobernantes que están en la cárcel por corrupción, lavado de dinero, tráfico de influencias, desapariciones forzadas, nexos con el narcotráfico o con el crimen organizado que emergieron del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Es la misma prensa que destapó la corrupción en esa época.
Enrique Peña Nieto entregó el poder a AMLO en diciembre de 2018 y figura como el presidente más corrupto del siglo XXI y gracias a ello el actual ejecutivo federal alcanzó su mayor ambición, o al menos eso hizo creer a los mexicanos.
Pero vale recordar a los gobernadores del “Nuevo PRI” que están en prisión, más otros tantos, y que presumía Enrique Peña Nieto (2012 – 2018).
Roberto Borge Angulo
Gobernador de Quintana Roo entre 2011 y 2016 fue vinculado a proceso acusado de delincuencia organizada, luego de su aprehensión en 2017 y por crímenes cometidos durante sus gobiernos.
Al término de su administración, fue señalado por diversas irregularidades en las finanzas del Estado. Tras la realización de fiscalizaciones y, en el marco de reportajes que acusaron el presunto desvío de recursos, en junio de 2017 le fue girada una orden de aprehensión.
Tras ser detenido en Francia en 2017 y extraditado a México, el ex gobernador quintanarroense actualmente enfrenta otros tres procesos penales, por lo que se encuentra recluido en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Morelos.
Javier Duarte
Duarte de Ochoa llegó al gobierno de Veracruz en 2010 impuesto por el priísta Fidel Herrera Beltrán quién decía “Vamos bien y viene lo mejor”, aunque tiempo después reconoció que uno de sus peores errores políticos había sido apoyar a Javier Duarte para la gubernatura. Sin embargo, con el arribo de Peña Nieto a la presidencia de México, fue considerado como parte del “Nuevo PRI” que promocionó el mandatario federal.
La gestión de Duarte significó una de las peores crisis económicas en la entidad, de acuerdo con la Universidad Veracruzana, además de que fue marcada por escándalos de corrupción, el asesinato de periodistas y observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación de más de 33 mil millones de pesos, que a la fecha no se conoce el fin del dinero ni la determinación del organismo autónomo.
En octubre de 2016 pide licencia al cargo de gobernador y tres días después fue emitida una orden de captura en su contra por delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita. Tramitó pasaportes con identidad distinta junto con su ahora exesposa Karime Macías.
Fue detenido en abril de 2017 en Guatemala y extraditado a México meses después. En septiembre de 2018 se declaró culpable de operación con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa con el fin de reducir su condena.
En la actualidad se encuentra preso en el Reclusorio Norte, donde enfrenta un proceso más por desaparición forzada.
Tomás Yarrington
Gobernó Tamaulipas de 1999 a 2004. En 2012 la Agencia de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) acusó que el político priista estaba vinculado con el Cártel de los Zetas y el Cártel del Golfo, así como que había lavado tres millones de dólares y fue cómplice de diversos homicidios.
El PRI le revocó su militancia y fue prófugo de la justica hasta abril de 2017, cuando fue detenido en Florencia, Italia. En 2012 se declaró culpable de lavado de dinero y recepción de sobornos por parte del crimen organizado. Recientemente fue condenado a 9 años de prisión por un juez de Estados Unidos.
César Duarte
Duarte Jáquez gobernó Chihuahua durante el mismo periodo que Duarte de Ochoa (de 2010 a 2016). En su gestión fue señalado por retener salarios de sus empleados para financiar al PRI, así como de tener una “nómina secreta” para sobornar a otros políticos y periodistas.
Javier Corral, cuando ganó la gubernatura del estado en 2016, prometió perseguir a Duarte por su corrupción. En marzo 2017, en el marco de la detención de diversos funcionarios de su gobierno, fue emitida una orden de aprehensión contra el priista, por lo que fue capturado en mayo de ese año en Estados Unidos y extraditado a México en 2020, donde está acusado de peculado agravado y asociación delictuosa.
Asimismo, otros gobernadores del PRI que llegaron a prisión fueron Andrés Granier, quien gobernó Tabasco entre 2007 y 2012, detenido y encarcelado por agravado, así como Roberto Sandoval, quien mandó en Nayarit de 2011 a 2017 y actualmente enfrenta cuatro procesos por delitos electorales y vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Si este breve recuento de exgobernadores del PRI calificados en su momento de honestos, leales, que juraron no traicionar las leyes, protegidos por su instituto político y el presidente de la república sirvió para enterrar al PRI, a 16 meses de que terminé la administración de Andrés Manuel López Obrador ¿Cuántos de los actuales gobernadores de Morena correrán con la misma suerte que los anteriores, al existir señalamientos y pruebas que son peores a la de los priístas?
