Xalapa, Ver. – Anaís Palacios Pérez consultora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, reveló que se estima que son 5 mil los casos registrados de desaparición de 2006 a la fecha, de los cuales, en su mayoría, y ante la tolerancia del estado, se tratarían de desapariciones forzadas.  

Por ello, remarcó que tener un discurso pro derecho, no te hace más capaz de resolver las desapariciones ni más capaz de darle verdad y justicia a las familias. 

Denunció que por parte de la Fiscalía General del Estado sigue habiendo un descrédito a las familias que denuncian un caso de desaparición forzada porque no les creen y por lo tanto las investigaciones no avanzan. 

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“Vemos exactamente las mismas prácticas, nos ha tocado acompañar casos donde quienes se aferran a manifestar que fue desaparición forzada son las familias, somos quienes las acompañamos y, tras tres o cuatro años de haber una carpeta de investigación abierta resulta que la Fiscalía General del Estado no le cree a la familia por ende no obtiene ninguna prueba de que existan desapariciones forzadas”, dijo. 

Por ello, durante la manifestación en plaza por el Día Internacional de Víctimas de Desapariciones Forzadas señaló que el papel institucional se queda “chiquito al lado del monstruo” de la problemática de desaparición. 

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Refirió que esa situación sigue siendo una constante además de que existen carencias en las investigaciones y es que si bien, actualmente hay una Fiscalía Especializada en Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas, tiene pocos elementos que no están certificados ni calificados para realizar las investigaciones además de que la rotación de personal que ha sufrido impacta mucho la investigación de los casos. 

“Y se traduce en estancamientos, demoras. Hay una ausencia de capacidad, esa olla con muchos huecos se va parchando a veces con el tema que colocan los mismos colectivos en la opinión pública y termina siendo tema político. Recuerdo cuando inició este gobierno, primero que nada, se reunió con los colectivos y eso se advirtió como una señal de buena voluntad, voluntad política, pero ¿cuál es el avance hasta este momento sino es fuera de las mesas que se tenían con el gobernador?, el trabajo que hacen las familias”, añadió.  

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