(SPI).- El gobernador de Veracruz, el panista Miguel Ángel Yunes Linares ha sido requerido en 17 ocasiones por el Juzgado Décimo Séptimo de Distrito para que de cumplimiento a una sentencia de amparo que le impone cubrir el monto de un juicio laboral, sin que de respuesta.
Derivado del juicio de amparo indirecto número 219/2016, donde se ordenó al gobernador obligar a la Secretaría de Medio Ambiente estatal a cumplir un laudo, se le han emitido 17 requerimientos de cumplimiento de responsabilidades desde abril del 2017 hasta el 9 de enero del presente año.
Los registros oficiales, señalan como fechas de requerimiento de cumplimiento a responsables sin obtener respuesta cabal: durante 2017, el 25 de abril, ocho, 16, 23 y 28 de mayo, primero, 16, y 27 de junio, 10 y 14 de julio, cinco, 13, y 26 de septiembre, 26 de octubre, y primero, y ocho de diciembre, y en 2018, el nueve de enero.
Yunes Linares se ha negado reiteradamente, en los ùltimos doce meses, acatar sentencias del Tribunal de Conciliaciòn y Arbitraje del Estado e incluso de Juzgados de Distrito para reinstalar e indemnizar a cientos de trabajadores despedidos injustificadamente del Poder Ejecutivo Estatal.
En al menos 60 juicios, ex empleados del Gobierno despedidos en la administración del priista Javier Duarte de Ochoa, han logrado que se les dicte una resolución definitiva a su favor, donde se ordena su reinstalación, pago de salarios caídos y prestaciones, pero la administración yunista se niega a acatarlos.
La negativa a cumplir con dichas sentencias, que suman pagos por aproximadamente 70 millones de pesos a favor de ex empleados, provocó que el Juzgado Decimo Séptimo de Distrito, en el juicio de amparo indirecto nùmero 219/2016, ordenara al gobernador obligar a la Secretaría de Medio Ambiente estatal a cumplir el laudo, sin embargo tampoco se acató dicha resolucion federal.
Tan sólo el despacho jurìdico “Viades, Llanes y Asociados” tiene en sus manos 150 juicios con más de 200 ex empleados duartistas y yunistas involucrados; en 60 casos logró que se dictara resoluciòn definitiva, es decir que no admite ningún recurso y es irrevocable.
Los despedidos pertenecen a todas las dependencias estatales, pero la mayoria son de la Secretaría de Educación de Veracruz, Secretaría de Salud y Asistencia, Servicios de Salud, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Protección Civil y de Turismo.
Se estima que suman más de tres mil las personas que han sido despedidas de dependencias y organismos descentralizados, una cantiodad mínima del sexenio de Duarte y la mayoría del primer año de Yunes; aunque no todos han recurrido a tribunales.
En documentos oficiales de la Secretarìa de Finanzas y Planeaciòn, la administraciòn estatal argumenta que su negativa a cubrir con esos laudos se debe a que “el Estado atraviesa una situación financiera crìtica, que se resume en falta de liquidez”.
En el oficio TES/2597/2017 –uno de decenas que han sido enviados con la misma contestación- la dependencia asegura que “no se puede establecer una fecha especifica” para poder destinar recursos econòmicos para el cumplimiento de pago derivado de las actuaciones judiciales de juicios laborales.
Sin embargo, su excusa es ilegal, pues la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Naciòn emitió la Jurisprudencia 85/2011, en la que determinó que el Estado es dogmaticamente solvente, de tal fortma que no se puede negar a pagar bajo el argumento que no tiene dinero.
“Se juzga que el Estado siempre es solvente, pues es un principio general del derecho público, y en especial, del derecho fiscal, que el Estado debe obtener, de los habitantes del país los ingresos indispensables para cumplir sus fines, de manera que está siempre en posibilidad de contar con un patrimonio que le permita responder, en general, de sus obligaciones, sin necesidad de una garantía especial”, establece la jurisprudencia.
