El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), pretende “archivar” la solicitud para que el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares haga entrega de copias de todos los convenios publicitarios con medios de comunicación en la administración duartista.
A pesar que la Coordinación General de Comunicación Social se ha negado a otorgar copia de esos convenios desde hace casi un año, el IVAI pretende cerrar el caso.
En su última notificación oficial del IVAI, emitida la semana pasada, se informa al ciudadano que cerrará el expediente porque tiene “la hipótesis” que la información solicitada ya fue entregada, cuando no se proporcionado la misma por ninguna vía, ni en copias ni de forma digital.
Fue en septiembre del 2016 cuando de manera formal se solicitó copia de los convenios con medios de comunicación en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.
Las ex autoridades estatales negaron la información bajo el argumento de que la información estaba “reservada”, sin embargo, el ciudadano se inconformó y el IVAI resolvió desclasificar la documentación solicitada.
Dicha resolución se emitió en noviembre de 2016, por lo que ya correspondía al nuevo gobierno estatal entregar la información correspondiente a los contratos otorgados por Javier Duarte.
En la resolución del expediente IVAI-REV/938/2016/III, el instituto de transparencia emplazaba a la Coordinación de Comunicación Social a entregar las copias de los convenios con medios de comunicación. Sin embargo, a unos días de cumplirse un año de la sentencia, la información no ha sido entregada.
De acuerdo a los plazos oficiales, la información se debía entregar en enero, contando vacaciones y ampliación de los términos.
La ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el estado de Veracruz en su artículo 239 señala que las resoluciones deberán cumplirse en un plazo no mayor a cinco días, contando a partir de que surta efecto la notificación.
El gobierno estatal, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación incluso cobró un total de mil 600 pesos, incluido un impuesto a la educación, para poder sacar las copias, pero jamás las entregó al ciudadano.
