El Gobierno argentino de Javier Milei intenta avanzar con su plan de ajuste y desregulación económica por medio de un ‘megadecreto’ presidencial y una ‘ley ómnibus’ que encuentran resistencia en las calles, la Justicia y el Congreso Nacional.
Este miércoles, las principales centrales sindicales del país realizarán una huelga general y una marcha al Parlamento en Buenos Aires contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido por Milei en diciembre, en rechazo a las desregulaciones que contiene en materia laboral.
La Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) se presentaron en los tribunales de Buenos Aires para pedir su nulidad, al considerar que ataca derechos laborales contenidos en la ley 20.744. En uno de sus capítulos, el decreto limita el derecho a huelga, precariza las condiciones laborales y reduce las indemnizaciones por despido, entre otros aspectos.
Se trata del primer paro general contra la administración del líder de La Libertad Avanza (LLA), que lleva poco más de un mes en el poder. La última medida de este tenor la había tomado la CGT en mayo de 2019, y fue la quinta contra la gestión del expresidente Mauricio Macri. Durante los cuatro años de gobierno de Alberto Fernández, la central obrera, históricamente alineada con el peronismo, no convocó a ninguna huelga.
Desde el equipo de Milei no se han quedado de brazos cruzados ante la protesta. El jueves, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno les descontará el sueldo a los empleados estatales que se adhieran al paro.
Además, el Gobierno lanzó una campaña en redes sociales para oponerse al paro, y habilitó una línea telefónica para denunciar “extorsiones” contra personas que no desean participar y se vean forzadas a hacer parte. Según afirmó la semana pasada la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se recibieron 1.000 llamados por día desde que se habilitó el número 134 en los siete días previos.
Asimismo, el Gobierno de Milei aplicará el polémico protocolo ‘antipiquetes’, con el objetivo de evitar el corte de calles. La CGT calcula que habrá una convocatoria alrededor de 200.000 personas, informó La Nación. El secretario adjunto del gremio de Camioneros, Pablo Moyano, desafió a Bullrich y señaló que la multitud de trabajadores que van a marchar será “incontrolable”, por lo que no podrán movilizarse “por la vereda”, como pretende la ministra, afirmó Moyano a El Destape.
Por otra parte, la administración ‘libertaria’ recibió el apoyo de un grupo de empresarios que convocaron a un ‘cacerolazo’ contra la medida de fuerza gremial. La Unión de Emprendedores de la República Argentina, encabezada por su presidente, Rodolfo Llanos, convocó a la ciudadanía a que “pongan en el balcón una bandera celeste y blanca y que salgan a cacerolear al grito de ‘yo no paro'”.
Trazando un paralelismo con el fútbol, Llanos declaró a Radio Mitre que se trata de “el primer campeonato de la historia de la República Argentina contra la CGT y el paro convocado”, e invitó a quienes tengan que ir a trabajar a que “lo hagan con la camiseta de la Selección para identificar a las personas que están comprometidas con todas las transformaciones”.
Un freno en la Justicia
El DNU de Milei, que establece más de 300 modificaciones a leyes vigentes para “desregular la economía”, debe tramitarse por ambas Cámaras del Congreso, y también deberá sortear un centenar de amparos presentados en la Justicia para que quede firme su aplicación.
El 3 de enero, la Cámara Nacional del Trabajo de Argentina dictó una medida cautelar para suspender la aplicación de las normas laborales, luego de aceptar las demandas de la CGT y la CTA.
Y esta semana, concedió el recurso extraordinario presentado por la Procuración del Tesoro y elevará el conflicto legal a la Corte Suprema, aunque “con efecto devolutivo”. Esto implica que las reformas propuestas por decreto presidencial permanecerán suspendidas hasta que se expida el máximo tribunal.
Sucede que los cambios que busca establecer Milei por un decreto de “necesidad y urgencia”, pasan por alto el principio de la división de poderes. “Existen razones de gravedad institucional que legitiman la intervención del Superior por encontrarse afectado el funcionamiento de las instituciones jurídicas y la eficacia de un medio técnico que permite al Poder Ejecutivo emitir mandas de carácter legislativo que tienen eficacia inmediata salvo que sean dejadas sin efecto por el Congreso de la Nación”, argumentó la Cámara laboral en su fallo.
Existen otros conceptos del ‘decretazo’ que requirieron la intervención judicial. Uno de ellos es el que desregula los aumentos en las empresas de medicina privada.
La semana pasada, un juzgado falló en favor de una mujer de 78 años que dijo no poder afrontar los incrementos de su cobertura médica, que hasta ahora debían ser autorizados por la Superintendencia de Servicios de Salud. El pronunciamiento responde a una solicitud en particular, por lo que no aplica a todos los presuntos afectados por la suba de las cuotas prepagas. Pero no es el único caso.
Escollos en el Congreso
Tanto el DNU de Milei como la ‘ley ómnibus’, que establece cambios en materia económica, tributaria, electoral, laboral, penal y energética, incluido un plan privatizador de empresas estatales, necesitan el aval parlamentario para aplicar con plena vigencia.
Ambos paquetes de medidas ya están siendo analizados en comisiones de la Cámara de Diputados. A pesar de las sesiones extraordinarias convocadas por el propio gobierno nacional para sortear el receso legislativo de enero, el ‘decretazo’ que apunta a desregular la economía no podrá votarse en el pleno de ninguna de las dos cámaras legislativas hasta el 1 de marzo. En cuanto al otro proyecto, ya se debate en comisiones y podría obtener dictamen en breve para pasar a discutirse en el recinto.
Como La Libertad Avanza no tiene mayoría propia en ninguna de las dos cámaras del Congreso, deberá buscar acuerdos con otras fuerzas políticas para lograr la aprobación tanto del decreto como de la ‘ley ómnibus’.
Para sortear esa debilidad legislativa, el bloque libertario ya mantiene negociaciones con la oposición “dialoguista”. Se trata principalmente de los sectores de centro derecha: Propuesta Republicana (PRO), del expresidente conservador Mauricio Macri; la Unión Cívica Radical; y la alianza Hacemos Coalición Federal, integrada entre otros por los llamados peronistas federales, no kirchneristas.
Con sus 37 diputados, LLA alcanzaría el apoyo de 94 legisladores, cuando se necesitan 92 para lograr cuórum. Sin embargo, el acercamiento con los sectores que el gobierno llama “oposición razonable”, le costó un recorte de 100 artículos que contenía el proyecto original, entre los que se destacan las privatizaciones y la suba de retenciones al sector agropecuario. Pero aún así, todavía no hay acuerdo entre el oficialismo y el sector “dialoguista” para emitir el dictamen.
Desde el kirchnerismo, además de rechazar las propuestas, señalaron algunas desprolijidades del Gobierno en materia legislativa, que exhiben la falta de experiencia política y cierta desorganización entre sus funcionarios.
El diputado Leandro Santoro (Unión por la Patria) contó en el canal C5N que cuando los ministros van a las comisiones a defender la ley ‘ómnibus’ terminan reconociendo que está mal escrita, que no saben quién la escribió y que hay errores conceptuales que coinciden que deben ser eliminados.
“Nadie está de acuerdo con nada. No conozco a nadie que defienda este proyecto. Es insólito”, declaró Santoro.
