Las campañas electorales más sangrientas de la historia de México, que arrojaron al menos 35 candidatos asesinados, mientras otros 782 sufrieron agresiones, terminaron y comenzó desde ayer el período de reflexión previo a los comicios intermedios, con los ánimos “al rojo vivo”.

El temor de conflictos posteriores a la jornada del próximo domingo, a la que han sido convocados 94 millones de mexicanos, está latente por cuanto desde ahora las diversas fuerzas políticas inscritas en la contienda se acusan mutuamente de estar cometiendo irregularidades y preparar acciones contra la ley.

Asimismo, el Instituto Nacional Electoral señaló que añejos conflictos agrarios, la exigencia de obras prometidas y el régimen de usos y costumbres en comunidades rurales del sureste, la zona más pobre del país, podrían servir de carburante para alimentar la inconformidad.

En el estado de Michoacán, 17 comunidades de ocho municipios que se rehusaron a aceptar la instalación de mesas para sufragar, mientras que en otras localidades podrían los ciudadanos podrían verse inhibidos a participar porque están controlados por el crimen organizado.

También en el estado de Chiapas, grupos indígenas de la comunidad de Oxchuc se rehusaron a aceptar que se instalen 70 casillas y exigieron elegir a sus autoridades mediante los métodos tradicionales.

Lo mismo ocurre en comunidades de la etnia huichol en los poblados de Mezquitic y Bolaños, en el occidental estado de Nayarit, debido a que las autoridades no les han resuelto un viejo problema territorial en la población de Huajimic.

El ambiente de tensión se huele en muchas otras regiones en las cuales se han suscitado actos de violencia contra candidatos, como los estados de Guerrero y Quintana Roo y el norteño de Sonora.

Analistas consideran que el crimen organizado se pretende convertir en “el gran elector” en estos comicios, para elegir a 500 miembros de la Cámara de Diputados del Congreso bicameral, 15 de 32 gobernadores, 30 de 32 asambleas legislativas de los estados y alcaldes y concejales de 1.500 de 2.500 municipios.

Aunque el presidente Andrés López Obrador señaló que el país “está en paz y tranquilidad de cara a las elecciones del domingo” y no hay sin riesgos de “inestabilidad”, los incidentes de violencia siguieron ocurriendo en los últimos días de las campañas.

El gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), encabeza las encuestas sobre las preferencias del voto, aunque se estima que perderá algunas posiciones y no alcanzará la mayoría simple en el órgano legislativo que ostentaba desde hace 2 años y medio, mientras ganaría la mitad de las gobernaciones.

A despecho de las declaraciones de López Obrador, el pasado miércoles, un comando armado secuestró a la candidata del Movimiento Ciudadano (MC) a la alcaldía de Cutzamala de Pinzón, en Guerrero, Marilú Martinez, junto con un familiar y cinco compañeros de fórmula.

En tanto, la casa del aspirante del minoritario partido Redes Sociales Progresistas (RSP) a la alcaldía de Tlapacoyan, Veracruz, fue asimismo atacado con disparos de fuego, causando sólo rotura de cristales o daños leves en la fachada sin herir a nadie.

El pasado 30 de mayo, la candidata a la presidencia municipal de Puerto Morelos por la alianza liderada por Morena, Blanca Merari, sufrió un atentado en su vivienda, en el poblado de Leona Vicario, cuando terminaba sus actos de proselitismo, pero salió ilesa, aunque sus dos guardaespaldas resultaron heridos.

El ataque ocurrió horas después de que la Fiscalía del estado detuvo a Karla Vivas, autora intelectual del homicidio de su esposo Ignacio Sánchez, asesinado cuando se disponía a juramentar como aspirante a la alcaldía.

A estos actos de violencia se suman protestas violentas de estudiantes en el estado de Chiapas, para exigir la liberación de alumnos de una escuela rural para docentes en Mactumatzá y dos indígenas desplazados.

“Si no hay liberación, no habrá elección”, gritaron estudiantes durante una manifestación de miles de personas en las calles de Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas.  

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