El ex secretario de Salud, Juan Antonio Nemi Dib se convirtió en el séptimo ex funcionario duartista aprehendido por la Fiscalía General del Estado, luego de que fuera detenido en el estado de Puebla, acusado de los delitos de incumplimiento de un deber legar y abuso de autoridad en agravio del servicio público por un monto de más de 70 millones de pesos, derivado de la no construcción de la Torre Pediátrica.
El ex funcionario estatal acusó al fiscal Julio Rodríguez Fernández que se encontraba presente de haberle pagado 5 mil pesos por redactarle un amparo contra la detención que hoy se le hizo, por lo cual, consideró que estaba impedido para actuar en su contra.
Además, aseguró que dicho fiscal en su momento le confesó “lo que te están haciendo es una injusticia”, tales argumentos fueron suficientes para la juez Alma Aleyda Sosa Jiménez para inhabilitar al fiscal Julio Rodríguez a seguir en esa audiencia como representante del Ministerio Público.
Como parte de los alegatos, el fiscal Julio Rodríguez negó las acusaciones hecha por Nemi Dib, además demostró que quienes presentaron el citado amparo fueron abogados del despacho de Fidel Ordoñez.
Sin embargo, ante la resolución de la juez de inhabilitarlo en la audiencia para continuar representando al Ministerio Público, anunció que procederá penalmente contra Juan Antonio Nemi Dib como contra sus abogados por haber mentido a la autoridad.
El ex secretario de Salud tenía la calidad de prófugo de la justicia desde el pasado 29 de junio, fecha en que se giró la orden de aprehensión en su contra, pues est acusado de abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal, dentro del proceso penal 139/2017, contra él y otros servidores públicos.
En la carpeta de investigación, la autoridad señala también a Pedro Luis Medina Martínez, prófugo de la justicia y a Isaías Salas, quien ganó un amparo para recobrar su libertad, no así detener el proceso judicial que la autoridad le sigue.
La orden de captura obedece al caso de la Torre Pediátrica, en el cual ya hay un empresario preso, César Augusto Morando Turrent, quien estuvo al frente de la construcción pero de manera dolosa permitió el uso de materiales de baja calidad, ocasionando un fraude al gobierno estatal de 72 millones 585 mil pesos.
