Al ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Arturo “N”, le fue ampliada la medida de prisión preventiva en el proceso que se le sigue por enriquecimiento ilícito
La jueza Verónica Portilla Suazo determinó que permanezca en prisión en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pacho Viejo durante ocho meses más, a partir del próximo 3 de octubre.
Esto, a pesar de que la Fiscalía General del Estado (FGE) pidió un año más de prisión preventiva, pero la jueza consideró que el tiempo solicitado era excesivo y desproporcionado.
Explicó que las condiciones no han cambiado desde la audiencia inicial del pasado 3 de febrero, cuando la jueza le otorgó prisión preventiva por ocho meses y que la defensa del ex secretario de Seguridad Pública no presentó pruebas de la no existencia de propiedades en el extranjero, ante el riesgo de evasión de la justicia.
La fiscalía también señaló que no existe certeza del domicilio fiscal del acusado y recordó que faltan por realizarse algunas diligencias y que se debía garantizar la presencia del acusado.
Y fundó su decisión en el hecho de que se desahogan diversos procesos en su contra, como el 221/2016 por abuso de autoridad y tráfico de influencias, a cargo de la jueza Alma Aleida Sosa Jiménez.
Casi al finalizar la audiencia, el ex funcionario hizo uso de la voz para manifestar la queja sobre la supuesta vulneración de sus derechos, pues dijo que desde hace cuatro meses no ha recibido tratamiento por su padecimiento de riñón, y que incluso se le prohibió actividades físicas al aire libre.
Acusó que la Secretaría de Salud tampoco le ha realizado análisis de salud a pesar de que “orina sangre” y que un médico particular acudió a valorarlo, pero su opinión fue rechazada por la autoridad por tratarse de un informe que lo proviene de una entidad pública.
Además, se quejó porque la autoridad del Cereso determinó suspenderle toda actividad física y que actualmente no tiene permitido salir a caminar o hacer ejercicio.
“No tengo derecho a salir a caminar o hacer ejercicio a pesar de que esto que ayuda con los dolores de columna por un problema de inmovilidad”.
Por ello, la jueza Verónica Portilla Suazo determinó enviar oficio a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social (DGPRS), así como al Cereso de Pacho Viejo, para que se le realicen los exámenes de salud pertinentes y se garantice el acceso a consulta especializada del riñón y la columna.
