El derrame de hidrocarburos en el Golfo de México comenzó a inicios de febrero de 2026 en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), y no en marzo como sostuvieron autoridades federales y la gobernadora de Veracruz Rocío Nahle, según evidencia técnica y análisis independientes.
Registros satelitales ubican las primeras manchas de crudo desde el 6 de febrero frente a costas de Campeche, en la zona de un oleoducto de 36 pulgadas. Un día después, el buque especializado *Árbol Grande*, dedicado a reparación de ductos y operado por Constructora Subacuática Diavaz bajo contrato con Pemex Exploración y Producción, se posicionó en el sitio.
Durante ocho días, la embarcación permaneció sobre la línea activa “OLD AK C”, que conecta la plataforma Akal-C con la terminal marítima de Dos Bocas. En ese periodo, imágenes satelitales documentaron una mancha que para el 19 de febrero alcanzaba cerca de 300 kilómetros cuadrados.
También se observaron maniobras de contención con embarcaciones de apoyo y uso de cañones de agua. No obstante, no se emitió alerta pública ni se informó oportunamente a las comunidades costeras.
Semanas después, a inicios de marzo, el hidrocarburo comenzó a arribar de forma sostenida a costas de Tabasco, Veracruz y posteriormente Tamaulipas. Para el 21 de marzo, se estimaban al menos 630 kilómetros de litoral afectados, con impactos en manglares, playas, arrecifes y zonas de pesca.
Pese a estos antecedentes, el 26 de marzo autoridades federales ubicaron el inicio del evento en reportes costeros del 2 de marzo y atribuyeron el origen a un buque no identificado y a emanaciones naturales en la Sonda de Campeche, incluida el área de Cantarell.
La evidencia disponible contradice esa versión. La presencia prolongada de un buque de reparación sobre un ducto activo, en una zona restringida y con operaciones simultáneas, apunta a un incidente vinculado a infraestructura petrolera, no a causas naturales.
Especialistas advierten que no se trata solo de una discrepancia cronológica, sino de una omisión con efectos concretos. El Plan Nacional de Contingencia obliga a notificar de inmediato, identificar la fuente del derrame y coordinar la respuesta. La falta de información oportuna habría impedido la preparación de comunidades y retrasado acciones de contención en el punto de origen.
Organizaciones civiles sostienen que el manejo del caso diluyó responsabilidades y postergó la aplicación del principio de “quien contamina paga”, además de evidenciar opacidad en evaluaciones de impacto, trayectorias del vertido y medidas de reparación.
El caso abre interrogantes clave: desde cuándo se tenía conocimiento del derrame, qué acciones se ejecutaron en febrero y por qué no se informó a la población de manera oportuna.
Colectivos ambientales exigieron al grupo interinstitucional —integrado por Secretaría de Marina, Pemex, ASEA, Semarnat, Sener y Profepa— esclarecer el origen, identificar responsables, transparentar documentos técnicos y detallar acciones de contención, restauración e indemnización.
El impacto no se limita al ámbito ambiental. Comunidades pesqueras y costeras enfrentaron la llegada del hidrocarburo sin información ni medidas preventivas, con afectaciones a su salud, economía y entorno.
Nahle: ¿miente como respira?
El caso también coloca en entredicho la versión de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle. La mandataria sostuvo que el derrame fue provocado por un buque privado con permisos de administraciones anteriores y ubicó el inicio en marzo.
Sin embargo, la evidencia técnica contradice ambos señalamientos: el evento comenzó en febrero y se localiza en torno a infraestructura activa de Pemex, sin indicios concluyentes de un agente externo como causa principal.
Las inconsistencias en el discurso oficial no son menores. El retraso en reconocer el origen y la magnitud del derrame impidió alertar a comunidades costeras, que enfrentaron la contingencia sin preparación, con daños en pesca, manglares y ecosistemas arrecifales.
Especialistas advierten que la distorsión de la información pública no solo afecta la rendición de cuentas, sino que puede derivar en responsabilidades administrativas y legales por el manejo de la crisis ambiental en el Golfo de México.
