Manuel Rosendo Pelayo, podría convertirse en primero de los 212 ex presidentes municipales en enfrentar consecuencias penales, derivado de los presuntos desvíos de recursos y otras irregularidades cometidas durante su gestión.
Tal como lo estableció el portal Palabras Claras, desde el 19 de noviembre pasado, cuando aún era alcalde de San Andrés Tuxtla, se informó que Manuel Rosendo Pelayo enfrentaría no sólo a la Fiscalía General del Estado, sino también a la Procuraduría General de la República.
Por esta razón, el ex alcalde promovió un amparo en contra de la Fiscalía General del Estado, por no haberle entregado una copia del expediente de la carpeta de investigación que existe hacía su persona.
Cabe recordar que apenas hace un par de semanas, el ex alcalde acudió a comparecer ante la Fiscalía, derivado de un citatorio que se le hizo, con respecto a la investigación en su contra por haber asignado contratos de manera irregular y un presunto desvío de recursos.
A pesar de haber promovido el amparo, por el momento Manuel Rosendo Pelayo no ha recibido la suspensión provisional, y por tanto no ha recibido la copia de la carpeta de investigación.
Esto quedó determinado en el amparo 173/2018 del Juzgado Segundo de Distrito con sede en Xalapa donde se estableció “se concluye en primer lugar que el acto precisado en el inciso “a)” no es un acto en sí mismo, sino un concepto de violación se considera respetuosamente los actos reclamados precisados en el inciso “b)” son de carácter positivo con efectos negativos, en tanto se trata de una actuación de la autoridad jurisdiccional, cuya consecuencia fue negar la pretensión del quejoso de entregar copias de todas y cada una de las actuaciones de la denuncia que diera origen a la integración de la carpeta de investigación; por lo tanto, no procede otorgar la suspensión provisional”.
El juzgado federal estableció que de haber concedido el amparo, equivaldría a darle efectos restitutorios a la medida suspensional, los cuales son propios de la sentencia definitiva.
Por tanto, la Fiscalía General del Estado no está obligada por el momento a informar a Manuel Rosendo Pelayo sobre la investigación en su contra, ni proporcionarle una copia.
De acuerdo con el informe de la cuenta pública, dicho ayuntamiento ya está notificado de las observaciones y no solventadas en el plazo legal previsto, que hacen presumir la existencia de responsabilidad resarcitoria por un probable daño patrimonial a la Hacienda Pública Municipal de 35 millones 34 mil 730 pesos con 62 centavos.
Entre las irregularidades está que prácticamente hizo desaparecer parte del crédito que le aprobó el Congreso local.
Derivado de lo anterior, con fecha 21 de agosto de 2015, el Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla, celebró contrato de crédito simple con la Financiera Local, en cuya cláusula segunda se estipula el otorgamiento de un crédito simple hasta por un monto de 78 millones 368 mil pesos.
