El titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Román Meyer, se apropió de 500 hectáreas del predio Xaltocan, aledaño al aeropuerto de Santa Lucía, por lo que fue denunciado, incidiendo de manera negativa en los trabajos de construcción del proyecto más emblemático de la administración morenista, de acuerdo con el periodista Raymundo Riva Palacio.

El caso recuerda al ocurrido en el municipio de Coatepec, en la comunidad de Sierra Alta donde la SEDATU declaró que los terrenos son de “propiedad nacional” e inició los procedimientos de reparto de al menos 2 mil hectáreas del bosque de niebla.

Cabe recordar que el bosque de niebla de Coatepec fue irrumpido por la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), cuyos integrantes, desde el 2020 se encuentran talando y desmontando sin permisos parte de la superficie conocida como Sierra Alta.

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Lo anterior, a pesar de que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) todavía está en proceso de implementar el deslinde de esta zona para su reparto, procedimiento que al igual que en Santa Lucía, enfrenta ya procesos judiciales.

En ambos casos dados a conocer públicamente por los medios de información, se vislumbra el mismo modus operandi para apropiarse de terrenos y declararlos “propiedad nacional”, que en los hechos equivale a que, en caso de surgir un posible dueño de los mismos, estos no sean expropiados para proceder a la correspondiente indemnización.

Por los hechos en Coatepec, el Juzgado Primero de Distrito suspendió de manera definitiva el proceso de enajenación de los terrenos por un daño ambiental que violenta las Normas Oficiales Mexicanas.

Al no haberse validado la legalidad del deslinde, se viola la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 sobre “Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres- Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-lista de especies en riesgo”.

Lo mismo ocurre con el caso del aeropuerto, donde ya hay denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), presentadas entre el 8 y el 30 de marzo.

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