El Consejo de la Judicatura Federal envió una circular a los titulares de órganos jurisdiccionales, áreas administrativas y demás personal para la aplicación del Plan Integral de Combate al Nepotismo, que fue aprobado el 9 de diciembre por el pleno.

Este tiene como finalidad un cambio de paradigma que consolide la meritocracia, la profesionalización absoluta y la renovación constante, así como la igualdad de género, como ejes rectores de la carrera judicial.

Señala que el cumplimiento de los requisitos para ciertos cargos, como el de titulación, debe valorarse en el contexto de la contingencia sanitaria que atraviesa el mundo entero, la cual ha complicado y retardado muchos trámites para tal efecto.

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Señala que para el caso de personal de actuaría o de secretaría de juzgado o tribunal no se pueden hacer excepciones como consecuencia de la contingencia sanitaria para prorrogar el nombramiento respecto de quienes el nuevo acuerdo lo impida por relaciones familiares o por falta de requisitos de elegibilidad.

“Aun reconociendo las dificultades de realizar entrevistas presenciales, es posible emplear diversos mecanismos para llevar a cabo los procesos de selección. Además, existen cerca de 15 mil personas que cuentan con la acreditación de los exámenes de aptitud que elabora el Instituto de la Judicatura Federal para tal efecto, las cuales constituyen un insumo importante en la selección del personal”.

En el caso de oficiales judiciales, señala que como requisito se establece el contar con título y cédula, pero que de forma extraordinaria y atendiendo a la contingencia sanitaria y al impacto que, entre muchos otros aspectos, ha tenido sobre la obtención de títulos y cédulas profesionales, deberán analizarse caso a caso las solicitudes de contratación de personas que aspiren a ocupar el cargo de oficial judicial y que, pese a haber concluido los trámites y haber colmado los requisitos correspondientes, por la contingencia no hayan podido obtener el título formal o la cédula profesional.

“Por ello, la solicitud de contratación deberá acompañarse de los documentos pertinentes para acreditar la culminación del proceso de titulación, a fin de verificar que el que no se cuente con la documentación respectiva no sea atribuible al aspirante a ocupar la plaza”.

Se permite la contratación de quienes hayan participado en los programas de servicio social, prácticas profesionales o prácticas judiciales que impulsa el Consejo, para lo cual se creó para este supuesto específico los rangos “D” y “E”, dentro de la nueva categoría de oficial judicial.

No obstante, la implementación de estas categorías aún está en proceso, de modo que, únicamente durante el período de contingencia y hasta en tanto se implementen los mencionados rangos “D” y “E”, podrán contratarse como oficiales judiciales “C” a quienes se encuentren en esta hipótesis.

En la misma línea, podrán equipararse a prácticas profesionales los servicios prestados por quienes continúan sus estudios de Derecho, siempre que hayan laborado en el órgano jurisdiccional durante el tiempo en que estuvo suspendido el programa de prácticas y servicio social.

Debe considerarse que tanto el requisito de los estudios como el de experiencia son indispensables para que de forma excepcional pueda realizarse la contratación, de modo que la falta de acreditación de alguno de esos elementos hará inviable cualquier autorización.

Dentro de las licencias al personal que guarda alguna relación familiar con titulares de otros órganos jurisdiccionales o de áreas administrativas del Consejo, detalla que no es necesario solicitar la opinión del Comité de Integridad cuando la licencia es para ocupar otra plaza.

“Dado que la contratación para la que se otorga la licencia requerirá, a su vez, de una opinión por parte del Comité, se estima innecesario desahogar el trámite en dos ocasiones. Así, en estos casos bastará con que se recabe la opinión previamente al otorgamiento del nombramiento para el que se solicitó la licencia respectiva”.

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