El Instituto Nacional Electoral (INE) se encuentra a un paso de judicializar uno de los capítulos más tensos en su historia reciente. El organismo alista una denuncia penal formal en contra de la expresidenta del órgano contencioso, Guadalupe Taddei, así como de diversos funcionarios, por la presunta comisión de cinco delitos federales: enriquecimiento ilícito,peculado, tráfico de influencias, ejercicio abusivo de funciones y uso ilícito de atribuciones.
Aunque la presidenta provisional, Blanca Cruz, había anticipado que el recurso legal se interpondría a mitad de semana,rectificó señalando que el documento final requiere el aval de los diez consejeros electorales.
«Nuestros equipos jurídicos están trabajando en los últimos detalles. Prácticamente está lista, no vamos a tardar; dependerá del área legal. Ya existen los primeros borradores, pero se deben revisar con absoluta puntualidad», puntualizó Cruz.
Trampa de contratos y grabaciones
De acuerdo con los borradores del recurso procesal, el trasfondo de la acusación señala una presunta red de «contubernio» entre altos mandos del instituto y proveedores privados. La denuncia exigirá una auditoría forense a la totalidad de las contrataciones otorgadas desde 2023 a la fecha.
Entre los expedientes bajo sospecha destaca la licitación para la expedición de la credencial para votar, adjudicada al consorcio integrado por CosmoColor, su filial Icard Solutions y el organismo paraestatal Talleres Gráficos de México. La investigación surge tras la filtración de material audiovisual donde se aprecia al proveedor José Alfredo Hernández detallando presuntamente a Taddei los montos que percibirían tras la asignación del contrato.
Los tipificaciones penales contempladas en el borrador técnico establecen:
- Uso ilícito de atribuciones y facultades: Sustentado en el artículo 217 del Código Penal Federal, por el otorgamiento indebido de contrataciones con fondos públicos.
- Ejercicio abusivo de funciones: Ante el beneficio económico directo o a terceros derivado de la gestión pública.
- Tráfico de influencias: Tras documentarse la supuesta intervención del particular José Alfredo Hernández en el control operativo de áreas clave del instituto para direccionar licitaciones.
- Peculado y Enriquecimiento ilícito: Para rastrear la posible distracción de fondos públicos y fiscalizar la evolución patrimonial y financiera de las cuentas bancarias de los implicados.
Ante la gravedad de los cargos, el consejero Arturo Castillo recordó que varios de estos ilícitos contemplan legalmente la prisión preventiva oficiosa, aunque acotó que la tipificación final y la solicitud de medidas cautelares serán facultad exclusiva del Ministerio Público Federal.
Rastreo de la UIF y blindaje al proceso electoral
De forma paralela, el Consejo General del INE se mantiene a la expectativa de reportes oficiales por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre el eventual aseguramiento de cuentas bancarias a empresas contratistas del órgano electoral.
Al respecto, Castillo precisó que hasta el momento no existe notificación formal, pero confirmó que la Secretaría Ejecutiva ya tiene la instrucción de diseñar un protocolo de contingencia. El objetivo central es evitar que la congelación de activos a proveedores comprometa la continuidad operativa de los comicios en marcha.
«De confirmarse la afectación a la vigencia de los contratos, tomaremos determinaciones urgentes. La Secretaría Ejecutiva presentará un proyecto para blindar y salvaguardar el desarrollo del proceso electoral», concluyó.
