A medida que se aproxima el proceso rumbo a las elecciones intermedias, el partido Morena enfrenta un escenario inédito marcado por señalamientos de corrupción, la revocación de visados, la dimisión en la cúpula electoral y acusaciones sobre la penetración del crimen organizado en sus estructuras de gobierno.
En el centro del debate nacional se encuentra Andrés Manuel López Beltrán, exsecretario de Organización del partido y aspirante político en Tabasco, quien rompió el silencio mediante un video para intentar deslindarse de los supuestos negocios multimillonarios y adjudicaciones de contratos otorgados a su amigo cercano, el empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio. Pese a admitir que conocía la actividad de Olán, López Beltrán negó rotundamente la existencia de tráfico de influencias o su vinculación con redes de “huachicol fiscal” y contrabando de combustibles. La polémica escaló con la confirmación de la revocación de su visa por parte del gobierno de Estados Unidos, medida enmarcada en las investigaciones del vecino país contra la colusión de la clase política mexicana con redes ilícitas.
Este panorama se enmarca en un historial de megaobras y gestiones del sexenio de Andrés Manuel López Obrador marcadas por severas inconsistencias financieras y controversias públicas: la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) con un costo fiscal estimado en más de 331 mil millones de pesos por la Auditoría Superior de la Federación (ASF); los sobrecostos del Tren Maya, cuya factura superó los 500 mil millones de pesos (triplicando su presupuesto original), y los del Corredor Interoceánico; el histórico desfalco en Segalmex, considerado el mayor fraude del sexenio con anomalías detectadas por más de 15 mil millones de pesos; el incremento récord de la deuda pública (el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público pasó de 10.5 a más de 20 billones de pesos), la inseguridad, los homicidios dolosos y el incremento de desaparecidos, asi como el desmantelamiento del sistema de salud nacional tras el colapso del Insabi y el desabasto generalizado de medicamentos derivado del fallido proyecto de la Mega Farmacia.
A esta lista se suma la Refinería Dos Bocas, cuyo costo se disparó de 8 mil a casi 21 mil millones de dólares, una edificación plagada de opacidad bajo la supervisión de Rocío Nahle, funcionaria originaria de Zacatecas a quien diversos analistas señalan de haber recibido la gubernatura de Veracruz como recompensa política por los multimillonarios contratos asignados durante su gestión en la Secretaría de Energía.
Paralelamente, la sombra de la narco-política sacude al partido oficialista con el caso del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien debió solicitar licencia a su cargo tras ser acusado por autoridades judiciales de Estados Unidos de mantener nexos y brindar protección operativa al Cártel de Sinaloa. A este expediente se suman señalamientos contra diversos gobernadores y presidentes municipales de la misma extracción partidista, a quienes la oposición y analistas critican por su incompetencia e incapacidad para administrar el gobierno y contener la violencia criminal, así como por la presunta omisión y complacencia de sus administraciones locales frente a las estructuras delictivas.
Para completar el convulso panorama institucional, la reciente renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) deja al descubierto acusaciones sobre presuntos actos de corrupción e injerencia política en el órgano encargado de arbitrar la contienda.
Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ha asegurado que las investigaciones mantendrán su cauce y descarta repercusiones en la certeza de los comicios, las sombras sobre la integridad del INE, sumadas al desgaste por el abuso de la narrativa oficialista y la crisis de seguridad, abren interrogantes sobre la solidez de la hegemonía territorial de Morena de cara a los comicios de 2027.
