A menos de quince días de presentar su segundo informe de gobierno, Cuitláhuac García recibe una inoportuna sacudida de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a través del Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2019, en lo relativo al gasto federalizado, que a través de la SEFIPLAN se deposita a los municipios veracruzanos y a las diversas dependencias del ejecutivo.
El día 30 de octubre el auditor superior David Colmenares Páramo presentó al congreso federal dicho Informe. Pero cabe mencionar que la ASF divide en tres partes la información de cada año. Por razones de la pandemia, se ha trabajado a menor velocidad en muchas de las áreas de la administración pública. Apenas en esa fecha se dio a conocer parcialmente lo correspondiente a la Cuenta Pública de 2019. Por ello y considerando lo que falta por darse a conocer, es probable que el gobierno veracruzano reciba alguna otra cantidad de observaciones de ese ejercicio.
En este informe parcial del 30 de octubre se le hacen delicados señalamientos al gobierno de Veracruz respecto a 2019, que exhiben el deficiente y opaco manejo de los recursos públicos, principalmente en la secretaría de salud a cargo de Roberto Ramos Alor, donde se ve que en el asunto del Seguro Popular y sus faltantes, se comprueba que el doctor Roberto ni es seguro, ni es popular y tampoco le embona la normatividad.
Como lo han señalado diversos medios de comunicación nacionales y locales, se informaron situaciones irregulares que podrían dar lugar a devoluciones a la Tesorería de la federación, si es que los encargados no logran cuadrar las cuentas con los resultados y los comprobantes del gasto con apego a los ordenamientos jurídicos.
El informe menciona que faltó una opinión del ORFIS en el tema de la deuda pública. También menciona debilidades y opacidad de la información financiera respecto a la ley de contabilidad gubernamental y a las normas expedidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
Pero un tema que seguramente ocasionará inconformidad y reclamos en los ayuntamientos veracruzanos, es la fuerte observación que hace la instancia de fiscalización superior de la nación a la Secretaría de Finanzas y Planeación debido a la peculiar entrega de las participaciones federales que Veracruz utiliza en su fórmula de reparto: incorrectos coeficientes de distribución aplicados desde 2004 y que no han sido actualizados hasta ahora.
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Podría pensarse que con la 4T la opacidad en Veracruz vive su gran noche. Y hay otras preguntas. ¿Qué pasará, qué misterio habrá en el artículo 7 de la dichosa modificación a la Ley de Coordinación Fiscal del Estado? ¿En qué polvoso escritorio de SEFIPLAN o del congreso estatal dicha propuesta guarda el envidiable sueño de los justos?
El cúmulo de irregularidades que plantea la ASF, equivalentes a más de 2 mil 400 millones de pesos observados en las auditorías, en su mayor cantidad son del sector salud. Estas se juntan con los frecuentes señalamientos de la sociedad sobre nepotismo, desvíos de recursos, contrataciones de obra y servicios al margen de la ley, el pago a aviadores y recurrentes subejercicios en varias dependencias del estado, independientemente de la ausencia de resultados.
Con todo ese desorden administrativo, presupuestal y financiero, extrañamente Delia González Cobos, la titular del Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (ORFIS), muestra desgano, omisión del deber legal e irresponsabilidad en las tareas encomendadas. Hasta ahora, nadie sabe dónde están las cuentas públicas del Gobierno del Estado y de los Municipios. Y surge una pregunta, porqué la ASF ya pudo entregar una parte de auditorías de un presupuesto nacional, y en Veracruz, el ORFIS sigue descansando en la bienamada hamaca jarocha.
A la actitud de relajación que muestra el gobierno de Cuitláhuac García, se suma la inacción evidente y probada de la señora González Cobos, la que, apoltronada en su oficina, solo preocupa el cobro de sus sueldos y prestaciones, dejando a su director jurídico, el exfidelista y exduartista Felipe de Jesús Marín Carreón, que utilice los expedientes como rico filón para medrar y del que cuentan acuerda -por las noches y varias veces a la semana- con José Luis Lima Franco, el financiero cuitlahuista. Quizá la titular requiera a un buen consejero legal que la asesore sobre las diferentes atribuciones que no está cumpliendo en el cargo. O tal vez lo que la dama necesita para despertar es que alguien la comience a señalar por incumplimiento del deber legal.
Acaso hay orden de revisar nomás tantito y por eso la encomienda permite vacacionar a gusto. O será que, en la serie de cambios estratégicos de este año, también se incluye a un nuevo Auditor General del ORFIS con más capacidad y ganas de trabajar por los veracruzanos.
El ORFIS no debe seguir en manos tan displicentes. La mayor parte de los funcionarios del gabinete piensan que cada quien puede elaborar su propia normatividad y que en el cuitlahuismo se acabaron los controles.
