La fracción del PRD en la Cámara de Diputados presentó una demanda de juicio político contra el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, así como contra la fiscal general del estado, Verónica Hernández, y la jueza Alejandra Castañeda, por la detención arbitraria y violación de los derechos humanos de Rogelio Franco, candidato perredista a diputado federal.
El grupo parlamentario del PRD, encabezado por Verónica Juárez, acusó a García de persecución y violencia política contra los militantes perredistas en Veracruz.
“Lo que estamos viendo en Veracruz es una persecución política; nuestro compañero Rogelio Franco va en el segundo lugar de la lista plurinominal de la tercera circunscripción y, al ser un personaje y un político activo en el estado, lo que le queda a este gobierno represor es, en vez de ganarnos en las urnas, eliminar a cualquier contendiente que le resulte peligroso”, puntualizó Juárez.
Te puede interesar: Reconocen rezago en identificación de restos humanos; pero se avanza, dicen
Por conducto de Camerino Márquez, la dirigencia nacional del PRD expresó su respaldo y acompañamiento a la demanda de juicio político contra el gobernador veracruzano de filiación morenista.
“Nos parece aberrante la manera en que pretenden obstruir los derechos políticos y electorales (de Franco) ordenando una absurda detención por un presunto delito, por el cual no está detenido, sino por ultraje a la autoridad, que no es un delito grave ni suspende sus derechos políticos y la cuantía del daño material no rebasa 400 pesos, el costo de una camisa rota del ministerial”, dijo.
Rogelio Franco, ex secretario de gobierno de Miguel Ángel Yunes, fue detenido el pasado 13 de marzo en Tuxpan por el delito de ultraje a la autoridad, presuntamente cometido contra un agente ministerial que pretendía ejecutar una orden de aprehensión contra el hoy candidato perredista, acusado de violencia intrafamiliar.
La jueza de control le dictó prisión preventiva justificada por ocho meses, por lo que fue internado en el reclusorio de Tuxpan por su presunta participación en el delito de ultrajes a la autoridad.
