El movimiento de derechos humanos en México vuelve a estar de luto, ahora por el asesinato de Javier Barajas Piña, un joven abogado de 27 años que trabajaba en el Comité Estatal de Búsqueda de Personas de Guanajuato y que fue ejecutado con al menos 15 disparos.
El crimen reavivó el duelo, la indignación y la angustia de diferentes colectivos de un país en el que, de acuerdo con cifras oficiales, hay más de 80.000 personas desaparecidas.
Una de ellas era Guadalupe Barajas Piña, una maestra de 32 años que desapareció el 29 de febrero de 2020. Al igual que decenas de miles de mexicanos, su hermano Javier se hizo activista a la fuerza. Se convirtió en “buscador”, la nueva y triste categoría ciudadana que define a los familiares que buscan, como pueden, a sus desaparecidos.
Te puede interesar: La Policía de México incauta los terrenos de la zona arqueológica de Teotihuacán en donde se construían obras ilegales que dañaron el patrimonio
La lucha rindió frutos. En febrero pasado, el cuerpo de Guadalupe fue encontrado en una fosa clandestina. Pero tres meses y medio después, mataron a su hermano. La tragedia familiar, que es también la del país, no cesa.
La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y sus filiales estatales repudiaron el crimen y recordaron que el trabajo de Barajas estaba centrado en buscar verdad y justicia no solo en el caso de su hermana, sino para todas las víctimas de desapariciones.
“Las Comisiones externamos nuestra más profunda consternación por el asesinato de nuestro compañero en el contexto de la búsqueda de personas desaparecidas. Exigimos a la Fiscalía Estatal una investigación pronta y eficaz para dar con el paradero de la o las personas responsables de dicho crimen”, señaló el organismo en un comunicado.
Sin paz
Las y los “buscadores”, que se arman de palas y picos para escarbar la tierra con la esperanza de encontrar los cuerpos de sus familiares, han adquirido un papel protagónico en las luchas por los derechos humanos en México.
Por eso, el crimen de Barajas fue repudiado no solo por organizaciones de la sociedad civil, colectivos de “buscadores” de todo el país y periodistas, sino también por Naciones Unidas e incluso por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.
