Empresas armamentísticas de Estados Unidos, acusadas por el Gobierno de México de negligencias que facilitan el tráfico ilegal de armas, solicitaron que se desestime el caso al argumentar que no promueven el acceso a armamento a grupos criminales.
Una corte en Massachusetts estableció que las empresas podían presentar sus argumentos en el caso hasta este lunes.
De acuerdo con El Universal, que tuvo acceso a los documentos presentados por las compañías, todas coincidieron que el gobierno mexicano incurrió en imprecisiones en sus acusaciones y que la corte federal encargada del caso no tiene jurisdicción para llevarlo.
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La empresa Witmer argumentó que los señalamientos del Gobierno de México son “vagos” y “demasiado amplios”, por lo que es imposible determinar las causas o acciones dirigidas contra la propia empresa.
Por su parte Barrett Firearms Manufacturing, Inc., compañía que fabrica el rifle M82, ampliamente utilizado por el crimen organizado, acusó que a pesar de toda la “verborrea” que expone México en el caso, su demanda “no proporciona afirmaciones fácticas que demuestren de manera plausible un derecho a cualquier reparación del demandante contra Barrett“.
Sturm, Ruger & Co. criticó que la acusación se fundamenta en una “cadena de eventos vaga, sin respaldo y altamente atenuada” que involucra a múltiples actores que no están relacionados con la compañía.
Glock, fabricante de pistolas, expuso en su argumentación que la denuncia del Gobierno de México es por “daños ‘procesables’ que admite que ocurrieron íntegramente dentro de sus propias fronteras. Si bien [el gobierno mexicano] reconoce que las armas de fuego traficadas ilegalmente que se encuentran en México fueron originalmente fabricadas y vendidas en otros estados, el demandante hace la afirmación sin fundamento de que Massachusetts es la ‘fuente’ del ‘flujo de armas hacia México’”.
