El Instituto Nacional Electoral (INE) dictó medidas cautelares dirigidas al presidente Andrés Manuel López Obrador para evitar la propaganda gubernamental en el contexto de la Revocación de Mandato.
La Comisión de Quejas y Denuncias del INE emitió las medidas cautelares en resolución de una denuncia del Partido Acción Nacional (PAN).
El PAN se pronunció contra la publicación en la página de internet lopezobrador.org.mx y en redes sociales oficiales de la reunión sostenida el 12 de febrero con autoridades del pueblo Seri, en Hermosillo, Sonora, y del acto de supervisión del estadio Tomás Oroz Gaytán en Cajeme, Sonora, el 13 de febrero.
De acuerdo con el partido blanquiazul se trata de logros, acciones y programas de gobierno considerada como propaganda gubernamental en periodo prohibido en el contexto de la Revocación de Mandato.
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La Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinó procedentes las medidas cautelares al sostener que las publicaciones encuadran en la categoría de propaganda gubernamental y no forman parte de una campaña de información concerniente a servicios educativos, de salud o de protección civil permitidas en la Constitución.
De este modo, el presidente López Obrador deberá realizar las acciones, trámites y gestiones necesarias para eliminar las publicaciones denunciadas, tanto en sus redes sociales y página de internet, como de cualquier otra plataforma electrónica bajo su dominio, control o administración.
Asimismo se le dictó al primer mandatario una tutela preventiva por desplegar, en reiteradas ocasiones, conductas consideradas contrarias a la normativa.
La Comisión determinó ordenar al presidente que se abstenga, bajo cualquier modalidad o formato de comunicación oficial, de realizar o emitir manifestaciones, comentarios, opiniones o señalamientos relacionados con logros y actividades de gobierno del propio titular del Poder Ejecutivo, así como de otras áreas y dependencias a su cargo, que puedan considerarse propaganda gubernamental.
Además deberá revisar, ajustar, adecuar, modificar o actualizar sus estrategias, programas o políticas públicas para que su actuar se encuentre ajustado a los principios constitucionales, sin interferir en este proceso de participación ciudadana.
