El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de México ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entregar toda la información relacionada con los contratos celebrados con Comercializadora Antsua, empresa proveedora exclusiva del ‘software’ espía Pegasus, propiedad de la empresa israelí NSO Group.
En una sesión celebrada el 25 de enero, el INAI consideró que la Sedena incumplió con sus obligaciones de transparencia, por lo que ordenó a la dependencia a hacer una nueva búsqueda y entregar toda la información de contratos celebrados con la proveedora de Pegasus.
Esto implicaría que el Ejército deberá hacer públicos las solicitudes de contratación, opinión técnica, contratos, anexos técnicos, dictámenes, facturas, comprobantes de pago, entre otros.
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El ordenamiento del INAI representa un revés para la Sedena al haber negado previamente una vinculación con la Comercializadora Antsua.
Es así que, de acuerdo con una solicitud de información pública desvelada por la organización Red en Defensa de los Derechos Digitales, la Sedena adquirió un ‘Servicio de Monitoreo Remoto de Información’ a la Comercializadora Antsua en abril de 2019, bajo el contrato DN-10 SAIT-1075/P/2019.
Por ese contrato, la Sedena habría pagado más de 139 millones de pesos (unos 7,3 millones de dólares).
“Estos documentos internos de la Sedena no solo comprueban la existencia de los contratos, sino que ponen de manifiesto que el Ejército ha mentido y ocultado reiteradamente a la sociedad acerca de sus capacidades de vigilancia”, expuso la Red en Defensa de los Derechos Digitales.
El Gobierno niega nexos con Pegasus
Pese a que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, negó que su Gobierno hiciera uso de Pegasus, un análisis forense realizado por Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, confirmó que el ‘software’ fue utilizado para espiar a tres personas que estaban investigando temas relacionados con violaciones a derechos humanos cometidos supuestamente por la Sedena.
Los tres espiados son un periodista del portal Animal Político cuyo nombre no se ha revelado por seguridad, el periodista Ricardo Raphael y el defensor de derechos humanos Raymundo Ramos.
