Xalapa, Ver.- El termómetro político en Veracruz está al límite. No queda claro si el ambiente responde a las alertas por calor extremo o a la narrativa de crisis que impulsa la gobernadora Rocío Nahle, quien en otra joya discursiva ahora sale a decir que los municipios están “ahorcados”. Pero lo que no explicó es quién tensó la cuerda, ni quién ahora pretende vender la salida.
El diagnóstico de la administración de Nahle es que 199 de los 212 ayuntamientos operan bajo asfixia financiera, “casualmente” los que entraron a la bursatilización en 2008 con Fidel Herrera y su operador financiero Javier Duarte.
Hoy, con dramatismo histriónico, la mandataria veracruzana habla de deudas con la Comisión Nacional del Agua, compromisos bursátiles, créditos bancarios y estructuras administrativas sobredimensionadas integran un cóctel que anula la capacidad operativa local. Sin margen para obra pública ni servicios básicos, algunos municipios han llegado al punto de solicitar equipo al gobierno estatal: ambulancias, maquinaria, herramientas. Gestión pública reducida a la lógica del préstamo, expresó.
Pero lo que no dijo es que el origen del problema no es nuevo, pero sí convenientemente encuadrado. La bursatilización -mecanismo que convirtió ingresos futuros en liquidez inmediata- hipotecó participaciones federales que hoy se retienen de forma automática. Son recursos que no transitan por decisión municipal, se descuentan antes de existir como presupuesto. Un esquema técnico-financiero que, como se ha documentado en Palabras Claras, sigue vigente sin ajustes sustanciales.
Las cifras oficiales, además, carecen de soporte público verificable. Se afirma que de una deuda inicial cercana a mil 500 millones de pesos, los municipios han pagado más de 3 mil millones. El resultado es conocido en cualquier manual financiero porque el capital permanece intacto. Rentabilidad garantizada para los tenedores, estancamiento para los deudores.
En ese contexto emerge la solución transformadora de Nahle. El estado compraría la deuda. Una propuesta que, más que romper el esquema, lo reconfigura. Veracruz asumiría un pasivo estimado en mil 800 millones de pesos para luego rediseñar su cobro a los municipios bajo condiciones “más favorables”, menores tasas, pagos al capital y subsidios parciales. En términos simples, un rediseño del acreedor. La reestructuración de la deuda ha sido un gran negocio, para algunos, desde el gobierno de Javier Duarte a la fecha.
El rollo discursivo de la gobernadora Rocío Nahle es atractivo, pero el vacío técnico, evidente.
La pregunta central es: ¿quién absorbería el diferencial? Si a un municipio se le permite pagar 75 centavos por cada peso, alguien cubre los 25 restantes. En finanzas públicas no hay descuentos, hay traslados. Y el destino habitual de ese traslado es el erario estatal.
El argumento político apunta a liberar recursos para infraestructura básica. El argumento técnico sigue sin presentarse: condiciones reales de negociación, costo total de la recompra, fuente de financiamiento y efectos en la deuda pública estatal.
A esto se suma un elemento jurídico que no es menor. La adhesión municipal requiere aprobación de cabildo. Basta con que un ayuntamiento no valide el esquema para frenar su aplicación en ese caso. La “voluntariedad” no sólo es política; es legal. Y en ese terreno, el consenso dista de ser automático.
En el fondo, el planteamiento no altera la lógica estructural. Se sustituye deuda municipal por deuda estatal, se redistribuyen cargas y se presenta como saneamiento lo que en esencia es refinanciamiento. Una operación sin innovación de fondo.
La gobernadora insiste en el mensaje de “sí se puede”. La evidencia sugiere una precisión necesaria, sí se puede, pero tiene costo.
En Veracruz, como en cualquier sistema financiero, cuando una solución no transparenta su precio, el saldo termina trasladándose. No desaparece, no se condona, se difiere.
Y en ese diferimiento, alguien -municipios, estado o ciudadanos- terminará pagando la factura completa y con intereses.
