La desaparición de personas ha dejado de ser un evento aislado para convertirse en una realidad cotidiana en el estado de Veracruz. A pesar de la gravedad del fenómeno, la sociedad ha desarrollado un alto nivel de empatía y solidaridad hacia las familias de las víctimas, evitando la criminalización que solía prevalecer en años anteriores.
Así lo revelaron los resultados preliminares del estudio “Percepciones sociales sobre la desaparición de personas en Ciudad de México, Jalisco y Veracruz”, presentado en una mesa redonda del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la UNAM por especialistas del CIESAS-Golfo.
Xalapa: epicentro de la movilización social
Durante la presentación, la investigadora Astrid Adriana Pozos Barcelata destacó que Veracruz alberga cerca de 50 colectivos de búsqueda, cifra que sitúa a la entidad entre las de mayor concentración de estas agrupaciones a nivel nacional.
En municipios como Xalapa, la presencia de los colectivos en el espacio público es permanente. Tras analizar las reacciones de un grupo muestra sin vínculo directo con el delito, el equipo multidisciplinario identificó un consenso unánime: la ciudadanía percibe el dolor de las familias y reconoce que estas han asumido responsabilidades de búsqueda que le corresponden por ley al Estado.
Entre las causas principales que la población atribuye a esta crisis destacan:
- Desigualdad social y precarización económica.
- Corrupción, impunidad e incapacidad de las instituciones gubernamentales.
- Presencia del crimen organizado y violencia de género.
- Antecedentes históricos como la violencia política y la migración.
El estudio también evidenció un impacto diferenciado por género y edad. Las mujeres participantes expresaron una mayor sensación de vulnerabilidad frente a delitos como la trata de personas y el feminicidio. Como respuesta, sectores de la población mayores de 60 años señalaron haber modificado sus dinámicas familiares, incrementando la supervisión sobre jóvenes y recurriendo al uso de tecnología para el rastreo de familiares.
2016: El hito que marcó la crisis de identificación
Por su parte, la especialista Daniela Eloísa Montenegro detalló que la visibilidad de las desapariciones cobró fuerza a partir de 2006, alcanzando un punto crítico durante la administración de Javier Duarte de Ochoa. Tan solo en el periodo de 2013 a 2016 se contabilizaron más de 2,000 casos, acumulando a la fecha un registro que ronda las 8,000 personas desaparecidas en territorio veracruzano.
Montenegro identificó a marzo de 2016 como un momento clave en la memoria colectiva del estado, tras el hallazgo del predio Colinas de Santa Fe por parte del Colectivo Solecito. En dicho punto se localizaron 150 fosas clandestinas con más de 22,000 restos óseos, convirtiéndolo en uno de los sitios de fosas más grandes de América Latina.
A casi una década de aquel hallazgo, la investigadora advirtió que el número de identificaciones y restituciones a familiares sigue siendo mínimo, lo que ha derivado en una profunda crisis de identificación humana que mantiene la exigencia de justicia y movilización en la escena pública veracruzana.
