El Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 se perfila como una prueba determinante para la administración federal. De acuerdo con un análisis de la revista británica The Economist, la credibilidad de la política fiscal del país resulta crítica para contener el deterioro de la confianza de los inversionistas y evitar un costo financiero más alto por la deuda pública.
La publicación advierte que los bonos soberanos de México han registrado un incremento notable en su costo de financiamiento. Para los instrumentos denominados en dólares a plazo de 10 años, la tasa requerida alcanzó el 6.4 por ciento, superando los rendimientos exigidos a naciones clasificadas en grado especulativo. En moneda nacional, los títulos a 10 años elevaron su rendimiento a 9.3 por ciento, frente al 8.5 por ciento registrado en octubre de 2025.
Renzo Merino, analista de la agencia calificadora Moody’s, enfatizó que la certidumbre sobre las proyecciones presupuestales será el factor clave para moderar la exigencia de mejores retornos por parte de los mercados financieros internacional y local.
El análisis contextualiza el escenario actual recordando que al inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum en 2024, el déficit público representó el 5.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), la proporción más elevada en casi cuatro décadas.
Asimismo, se señala la acotada margen de maniobra de las finanzas públicas, dado que aproximadamente tres cuartas partes del gasto anual se encuentran comprometidas en rubros fijos:
- Pago de pensiones
- Transferencias directas de programas sociales
- Servicio de la deuda pública
- Apoyos financieros y rescate presupuestal a Pemex
Frente a estas presiones, el Gobierno de la República ha buscado fortalecer los ingresos presupuestarios mediante medidas como el incremento en la fiscalización a grandes contribuyentes y la aplicación de gravámenes específicos.
La postura de Hacienda
Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público rechazó las apreciaciones de la publicación británica. La dependencia federal argumentó que el reporte omite variables macroeconómicas fundamentales y presenta un enfoque desactualizado, al no integrar la evaluación de otras agencias calificadoras de riesgo que ratifican una perspectiva estable para la deuda soberana de México.
