El Gobierno federal proyecta captar 6.26 billones de pesos por ingresos tributarios en 2027, lo que representaría un máximo histórico del 15.9% del Producto Interno Bruto (PIB). Esta meta fiscal contempla un crecimiento real del 5.9% frente a lo estimado para 2026, impulsado principalmente por un repunte del 7.2% en la recaudación del Impuesto sobre la Renta (ISR), mediante un paquete de medidas enfocado en acotar los beneficios y deducciones del sector corporativo.
En el Paquete Económico 2027, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) argumentó que, si bien el ISR es una columna vertebral del erario, su efectividad se mantiene rezagada en comparación con estándares internacionales. La dependencia enfatizó que el esquema actual de deducciones autorizadas y compensación de pérdidas permite que solo una de cada diez empresas pague una tasa equivalente a la de un contribuyente físico en el Régimen Simplificado de Confianza (Resico), mientras que el resto tributa bajo tasas efectivas mínimas o nulas.
Para corregir esta asimetría y ampliar el margen financiero del Estado, la propuesta fiscal plantea cuatro ejes centrales para el sector empresarial:
- Tope a las deducciones autorizadas: Se fija un límite máximo de deducciones equivalente al 96.67% de los ingresos acumulables para empresas con utilidades cuyas deducciones alcancen o rebasen dicho nivel. Para aquellas con montos deduvisibles menores a este umbral, el límite aplicable se establecerá en 99%.
- Reforma a las pérdidas fiscales: Las compañías solo podrán amortizar pérdidas fiscales hasta por un 50% de su utilidad fiscal en cada ejercicio. Como contraprestación, el periodo para aplicar dichas pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores se extenderá de 10 a 20 años.
- Reducción al deducción de intereses: El techo deductible para el pago de intereses corporativos se reduce del 30% al 20% de la utilidad fiscal ajustada.
- Eliminación del ROGS: Se plantea la abrogación del Régimen Opcional para Grupos de Sociedades, esquema vigente desde 2013 que permitía a los corporativos diferir el ISR hasta por tres años. Hacienda concluyó que este instrumento funciona como un diferimiento financiero a costa de la recaudación pública.
