El gobernador morenista de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, puso sobre la mesa un debate histórico al plantear públicamente la nacionalización de la banca y de las empresas navieras, bajo el argumento de que el Estado debe intervenir cuando el interés público lo exige.
Durante su posicionamiento, el mandatario estatal defendió el uso de herramientas legales de propiedad pública y zanjó con una frase su postura ante la polémica: “Expropiación no es palabra maldita”.
El eco de 1982: ¿Qué ocurrió la última vez?
La propuesta revive el antecedente del 1 de septiembre de 1982, cuando el entonces presidente José López Portillo decretó de manera sorpresiva la nacionalización de la banca privada durante su sexto y último Informe de Gobierno en San Lázaro.
Aquel decreto se ejecutó en medio de una crisis aguda caracterizada por:
- Fuga masiva de capitales hacia el extranjero.
- Caída internacional en los precios del petróleo.
- Control generalizado de cambios impuesto por el Ejecutivo federal.
Con la emblemática frase “¡Ya nos saquearon, México no se ha acabado! ¡No nos volverán a saquear!”, la administración priista intentó frenar el colapso financiero, aunque las consecuencias marcaron un punto de quiebre en la economía nacional.
Consecuencias y balances históricos
El impacto de la medida de 1982 continúa bajo la lupa de historiadores y analistas económicos con posturas divididas:
- Quiebra y rescate: Sectores críticos señalan que la nación quedó financieramente vulnerable y sujeta a organismos internacionales. En 1983, el sucesor Miguel de la Madrid debió autorizar una indemnización histórica a los banqueros para evitar litigios mayores.
- Polarización social: Analistas como Amparo Espinosa Rugarcía catalogan el episodio como una herida profunda en la relación entre el Estado y el sector privado.
- Fin de una era: Especialistas coinciden en que la acción de López Portillo desmanteló los equilibrios del nacionalismo revolucionario y el dominio político hegemónico de la época.
La reaparición de este discurso en la agenda pública abre nuevamente la discusión sobre los límites de la intervención estatal en sectores estratégicos del país.
