La protesta de habitantes de Jalacingo y Altotonga por el desabasto y presunta contaminación de agua detonó este lunes un cruce de declaraciones políticas entre la gobernadora Rocío Nahle García y el excandidato priista José Francisco Yunes Zorrilla.
Los inconformes arribaron a la capital del estado para denunciar que un pozo profundo en la comunidad de Santa Ana, utilizado para el riego de 15 hectáreas agrícolas —atribuidas a un particular de apellido Orozco—, está provocando la escasez del líquido para más de 30 mil habitantes de la región.
Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria estatal apuntó directamente contra el clan político opositor:
“Todo parece ser que ese pozo es de la familia Yunes Zorrilla, del contador que está ahí con ellos. Estamos hablando de un adversario político, pero si Conagua dice que no afecta…”, declaró Nahle García, al tiempo que solicitó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) auditar la concesión para descartar la comercialización ilegal del recurso.
La movilización social concluyó con el desalojo de los manifestantes por parte de la fuerza pública para liberar la vialidad en el centro de Xalapa.
La respuesta de Pepe Yunes
Minutos después de los señalamientos desde Palacio de Gobierno, Pepe Yunes emitió un posicionamiento a través de sus redes sociales para desvincularse totalmente de la propiedad y operación del pozo agrícola señalado.
El político priista exigió a las autoridades federales esclarecer la situación jurídica real del título de concesión y criticó la postura del gobierno estatal:
“No permitiré que la gobernadora me calumnie con la misma ligereza con la que gobierna Veracruz”, sentenció Yunes Zorrilla, quien anunció que acudirá personalmente a las oficinas de la Conagua para exigir transparencia en el caso y respaldar el reclamo legítimo de las comunidades afectadas.
