Con total hermetismo y al margen de la ley en materia de acceso a la información, la administración estatal encabezada por Rocío Nahle García opera el Fideicomiso para la Modernización del Sistema de Transporte de Pasajeros. A través de este mecanismo financiero, se han ejercido cerca de mil millones de pesos en la adquisición masiva de autobuses urbanos de fabricación china, sin dejar rastro ni evidencia documental en las plataformas oficiales de rendición de cuentas.
De acuerdo con un reporte difundido por el portal periodístico e-consulta.com Veracruz, el instrumento fiduciario —creado por decreto en abril de 2025 y formalizado ante la institución bancaria BBVA México en enero de 2026 (bajo el registro F/4155982)— opera en la completa opacidad. La Contraloría General del Estado ha omitido darlo de alta como sujeto obligado en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), vulnerando lo estipulado en los artículos 2 y 3 (fracción XIX) de la Ley de Transparencia estatal, normatividad que mandata el escrutinio público para todo fondo o fideicomiso que maneje erario, posea o no estructura administrativa propia.
Incongruencias millonarias y opacidad con el proveedor asiático
El punto crítico del manejo financiero radica en la constante alteración de las cifras oficiales y la falta de un desglose que justifique el costo por unidad adquirida al fabricante chino Yutong Bus:
- Sistema Ulúa (Veracruz-Boca del Río): Inicialmente, el presupuesto asignó 500 millones de pesos para 102 unidades. Tiempo después, la mandataria aseveró que el costo ascendió a 600 millones por 142 autobuses, registrando una variación no explicada de 100 millones de pesos.
- Sistema Quetzalli (Coatzacoalcos): Se proyectó un gasto de 500 millones de pesos para 60 unidades, distribuidos entre 2025 y 2026. En febrero de 2026, el Ejecutivo estatal englobó las rutas Ulúa y Quetzalli (202 autobuses en total) en una suma aproximada de mil millones de pesos, omitiendo detalles que permitan cotejar el gasto real.
- Proyecto Totonaco (Poza Rica): Se anunciaron 210 millones de pesos para la incorporación de 40 unidades híbridas, lo que ubica el valor promedio de cada vehículo en 5.25 millones de pesos.
Mientras entidades como la Ciudad de México, Tamaulipas y Jalisco transparentan en bases de datos públicas sus procesos de licitación, adjudicación directa o donaciones con la firma Yutong Bus, en el caso de Veracruz no existe una sola consulta pública, contrato de compraventa o acta del Comité Técnico que permita constatar las condiciones de compra o el destino exacto del dinero gastado.
Un Comité Técnico bajo sospecha
La estructura de gobierno del fideicomiso ha sufrido modificaciones sobre la marcha. Tras su creación en 2025, el Comité Técnico integraba a dependencias clave y a la propia Contraloría General como órgano fiscalizador; sin embargo, mediante un decreto publicado el 9 de febrero de 2026, la conformación se reestructuró a ocho miembros propietarios concentrados en secretarías como Sefiplan, Gobierno y Seguridad Pública.
A la fecha, el bloqueo institucional en la PNT impide a los ciudadanos ejercer el derecho de libre acceso a la información mediante solicitudes formales, dejando en el aire la certeza sobre el destino final del gasto público asignado a la modernización del transporte veracruzano.
