José Alfredo Hernández Casillas, empresario beneficiado con contratos millonarios durante la gestión de Guadalupe Taddei en el Instituto Nacional Electoral (INE), promovió un juicio de amparo desde febrero de 2026 ante la posibilidad de que exista una orden de captura o comparecencia en su contra.
De acuerdo con el recurso judicial tramitado a través del despacho Hernández Barros, el representante de firmas como Corporativo Zeg y Cajas Graf sostuvo que no ha incurrido en conductas ilícitas y manifestó su disposición a colaborar en cualquier indagatoria ministerial.
El señalamiento de presencia policial
En el escrito presentado ante juzgados federales de la Ciudad de México y el Estado de México, el promovente expuso que el 21 de enero del presente año supuestos elementos de la policía ministerial acudieron a su domicilio particular en la colonia Jardines del Pedregal. Según el relato vertido en el documento, los agentes indagaron por su ubicación alegando contar con un mandate judicial, retirándose del sitio al no localizarlo.
Hernández Casillas argumentó ignorar la autoridad emisora del requerimiento debido al sigilo de las investigaciones, por lo que solicitó a las instancias judiciales transparentar si figura como imputado,investigado o probable responsable en alguna carpeta o averiguación previa.
Cobertura legal y contexto administrativo
El contratista solicitó la suspensión provisional y, en su momento, definitiva contra cualquier orden de aprehensión o presentación que pueda ser librada por órganos jurisdiccionales. Para la sustanciación del procedimiento legal, designó como defensores a los abogados Julio Antonio Hernández Barros, Julio Antonio Hernández Sicilia, Raúl Monzón González y Jesús Fernández Hernández.
Las empresas vinculadas al promovente han obtenido asignaciones contractuales de alta cuantía tanto en el órgano electoral federal como en diversos institutos locales, en medio de las revisiones administrativas derivadas del periodo directivo previo en el INE.
