Con el semblante descompuesto y portando un chaleco antibalas, el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa fue exhibido por el pasillo “de la vergüenza” para llegar a la sala del Tribunal Quinto de Sentencia Penal en Guatemala.
Con el ánimo cambiante, como es usual en el ex funcionario, Duarte escuchó del fiscal de la Unidad Especializada de Asuntos Internacionales del Ministerio Público de Guatemala cómo su ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, contó a las autoridades sobre las propiedades de Duarte de Ochoa en el extranjero.
A cuatro días de su detención en Guatemala, en la primera audiencia de Duarte de Ochoa se le observó distraído, con expresiones que van desde la preocupación hasta el miedo; mientras decenas de medios de comunicación reportan los hechos.
Con la imagen desaliñada del hombre de 43 años, escuchó los delitos que le imputa la Procuraduría General de la República (PGR) y permaneció callado.
Sin la presencia de algún familiar o amigo, Duarte de Ochoa supo de lo que se le acusa en México: delincuencia organizada y lavado de dinero, en particular por el uso de prestanombres para compra y venta de terrenos pertenecientes al Gobierno de Veracruz.
El Agente fiscal de la Unidad Especializada de Asuntos Internacionales del Ministerio Público de Guatemala explicó durante más de una hora las presuntas actividades ilícitas cometidas por el ex Gobernador, ente estas la creación de empresas “fantasma” y el desvío de recursos públicos.
En la descripción, el funcionario ministerial mencionó a su amigo Moisés Mansur como uno de los testaferro y a otros más que cumplieron dicha función para obtener propiedades como el rancho “El Faunito” en el municipio de Fortín; una propiedad en Boca del Río y otra más en la colonia Polanco de la Ciudad de México.
Tras esto, el juez penal debe definir el lugar donde quedaría detenido hasta que se defina si se concede la extradición porque de acuerdo a las leyes guatemaltecas, no se le puede dar una medida distinta que la cárcel.
Sobre el tiempo que tomaría el proceso, el juez dijo que el tratado de extradición establece 60 días naturales, contados a partir de que la Embajada de México en Guatemala, es notificada de la misma para que aporte los alegatos.
Le recordó que sí él aceptaba voluntariamente el allanamiento (la extradición), se evitaría todo el procedimiento y sería entregado “sumariamente” al gobierno mexicano.
“Usted tiene derecho a contestar si hacemos el trámite ordinario o si usted acepta voluntariamente que se le entregue a su país”.
El juez le dio la la oportunidad de que se le notificara a la sección consular mexicana para que en caso de que lo quisiera, ésta le prestara asistencia legal., pero el ex Gobernador rechazó el ofrecimiento al decir de viva voz: “mi gobierno está plenamente enterado de mi detención porque ese día había personal de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR y de la Policía Federal”.
