Un juez federal declaró la liquidación judicial de CIBanco, institución señalada por el gobierno de Estados Unidos por presuntas operaciones de lavado de dinero vinculadas al narcotráfico y al tráfico de fentanilo.
La resolución fue emitida por el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil, con sede en la Ciudad de México, y publicada este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Con ello, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) asumirá el control como liquidador judicial de la institución financiera.
De acuerdo con el fallo, el IPAB tomará posesión y administración de todos los bienes, derechos y activos que conforman el patrimonio de CIBanco.
“El procedimiento de liquidación judicial solicitado por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario respecto de CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, en liquidación, resulta procedente”, establece el documento oficial.
En mayo de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a CIBanco dentro de una red financiera presuntamente utilizada para el lavado de recursos ligados a organizaciones criminales dedicadas al tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos.
Junto con CIBanco también fueron señaladas Intercam y Vector Casa de Bolsa. Las tres entidades concentran activos cercanos a los 440 mil millones de pesos y permanecen bajo intervención temporal de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Al presentar las acusaciones, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, aseguró que las instituciones financieras habrían facilitado transferencias de recursos para cárteles del narcotráfico.
“Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector permiten el envenenamiento de innumerables estadounidenses al transferir dinero en nombre de los cárteles”, sostuvo el funcionario.
Tras las sanciones, CIBanco promovió en agosto de 2025 una demanda ante la Corte de Columbia contra el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, argumentando que la exclusión del sistema financiero estadounidense ocurrió sin notificación previa ni un debido proceso.
La institución reclamó que la medida afectaba sus operaciones internacionales con dólares y advirtió posibles despidos de al menos tres mil trabajadores debido a la reducción de actividades financieras.
Sin embargo, días después, el propio banco desistió de la demanda, según consta en documentos judiciales de la Corte de Columbia.
