A como se observan los escenarios sobre la evolución del coronavirus en México, la mayoría de las 32 entidades federativas enfrentarán tiempos críticos respecto a la pandemia que avanza inexorablemente en todo el territorio. Las preocupantes cifras actuales están evidenciando la posibilidad de que ocurra una catástrofe sanitaria, y ni el gobierno central, ni los gobiernos estatales, han podido afrontar de manera decorosa los problemas de ahora.
Respecto a la vacuna que se está desarrollando en diferentes naciones y con distintos avances, se percibe que pasarán muchos meses más para poder contar con ella en este país. Hace algunas semanas la empresa Astra Zeneca difundió la posibilidad de que durante el mes de septiembre próximo estaría suministrando la vacuna a los países que ya le dieron anticipos. En Estados Unidos, la empresa La Moderna informó que tenían buenas noticias y que muy pronto empezarían a distribuir su prototipo. En Rusia también se publicó que estaban muy cerca de contar con una vacuna.
Varias naciones han firmado contratos para ser los primeros en obtener el medicamento, pero la realidad es que las economías más débiles tardarán en movilizarse y reaccionar. En México es muy probable que se tarde este y casi todo el año siguiente en normalizarse la situación, por lo que se puede pensar en que se vivirán 18 meses muy duros a causa de la COVID-19.
Ante este panorama, el país entero -el gobierno y la sociedad- debe prepararse para apoyar a su sistema de salud. Quizá sea tiempo de pensar en darle a este asunto toda la prioridad, lo que significa que el gobierno tendrá que dejar para mejores épocas algunos de sus grandes proyectos de infraestructura, para destinar la mayor cantidad de recursos al mejoramiento de su sistema de salud, comprobadamente deteriorado.
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Pero la sociedad no puede quedarse atrás. Por el contrario. La capacidad médica y hospitalaria no será suficiente para recibir a un mayor número de contagiados. Por tanto, serán las propias familias mexicanas, en una revisión hacia su organización interior y su funcionamiento, las que determinen y cumplan con reglas más exigentes para la movilización y protección individual de sus integrantes, restringiendo la salida a la calle, solamente a aquellos que deban acudir a trabajar o a la compra de los suministros o por necesidades esenciales.
Solo así, y cumpliendo con las medidas preventivas de los cubrebocas y los protocolos de sana distancia, estaremos todos en condición de colaborar para que los hospitales no se saturen más y puedan salvarse vidas a las personas infectadas.
En Veracruz, estamos en un momento en que se rebasaron los 2,200 decesos y los 17 mil contagios. Se tienen decenas de fallecimientos en municipios con poca población -33 en Nanchital, 70 en San Andrés Tuxtla o 74 en Córdoba, por ejemplo- que indican elevados índices de contagio y desinterés y laxitud en las medidas de sana distancia. Las zonas conurbadas de Veracruz y Coatzacoalcos están con cifras desatadas y sumamente alarmantes.
Sería recomendable que, desde este complejo instante, el gobernador de Veracruz evalúe las áreas de la administración que, sin despedir a trabajadores, podrían reducir su actividad, sus obras públicas y sus programas a lo estrictamente indispensable, con el objeto de cancelar o disminuir partidas de gasto y poder inyectar mayores recursos presupuestales a la secretaría de salud, dotándole también de mejores directivos, de suficientes suministros y de mayor cantidad de médicos y enfermeras. Es el momento de hacerlo, es una decisión que no debe postergarse.
En estas complicadas semanas, la salud de los veracruzanos debiera ser la principal preocupación y ocupación de Cuitláhuac García Jiménez.
