Desde que Javier Duarte inició su gestión en diciembre de 2010, el entonces gobernante comenzó a mostrar sus ligas con los empresarios brasileños del grupo Odebrecht. La construcción de la planta de Etileno XXI en la zona de Coatzacoalcos fue el inicio de esa fructífera relación iniciada durante el sexenio de Fidel Herrera.
Concretado ese objetivo comenzaron las gestiones para incursionar en otros negocios con el agua y la generación de energía. Las iniciativas se encaminaron a la concesión del agua de la zona metropolitana de Veracruz y a la construcción de presas e hidroeléctricas en el río Los Pescados en la región de Jalcomulco y La Antigua.
La instalación de presas en cuencas hidráulicas de la zona central fracasó rotundamente en los municipios involucrados gracias a la valiente defensa de los recursos naturales realizada por LAVIDA (La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental) y otras importantes organizaciones sociales, campesinas y de ecoturismo.
Por desgracia, en la conurbación de Veracruz-Boca del Río-Medellín, resultaron exitosas las gestiones comerciales del grupo extranjero, mismas que avanzaron gracias a que los directivos brasileños iban de la mano con Duarte y con el inexperto exalcalde Ramón Poo Gil.
Poo Gil anunció en 2016 la licitación internacional para el manejo del agua en la conurbación. Meses después -el 10 de julio- el congreso estatal aprobó privatizar el agua de la zona para concesionarse por 30 años. El 16 de julio se dio el despido de alrededor de mil 500 empleados del Sistema de Agua y Saneamiento (SAS) que operaba los servicios en los tres municipios. Fue Ramón Poo quien recibió al peruano Javier Chuman Rojas, el primer director del Grupo Mas (integrado por las empresas que ganaron la licitación: Odebrecht y Aguas de Barcelona). En estos años los jarochos han debido pagar el agua que consumen, con incrementos de precio superiores al 26% y a pesar de ello no se aprecia mejora en el servicio a la ciudadanía.
El 17 de marzo pasado Palabras Claras presentó la publicación “En Veracruz, Odebrecht-AgBar sigue operando el Grupo Mas”, una investigación exclusiva que hace referencia a las irregularidades y corruptelas del grupo Odebrecht en varios países, a los célebres Papeles de Panamá y a la vinculación en diversos ilícitos por parte de Chuman Rojas, quien dirigiera por un año al grupo Mas. La nota también desvela las incongruentes fechas de constitución de una de las empresas participantes en el Grupo Mas.
En julio de 2019, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó un Punto de Acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación realizara una investigación sobre este cuestionado asunto, el cual no prosperó.
En septiembre de 2019 Angélica Mendoza y un grupo de extrabajadores del SAS se manifestaron en la Plaza Lerdo de Xalapa para pedir la intervención del gobernador, toda vez que no ha sido finiquitada a satisfacción la relación laboral de los sindicalizados, reclamando el pago de 130 millones de pesos en prestaciones. El 16 de julio de 2020 se cumplirán cuatro años de lucha sindical por los derechos de los extrabajadores.
De la investigación presentada por este medio de comunicación, resaltan los datos de la constitución irregular y a destiempo de una de las empresas participantes en el contrato de concesión.
Por esa razón, se considera que la Auditoría Superior de la Federación, el Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y la Fiscalía General del Estado deben intervenir para clarificar y reencauzar este asunto, y de ser posible, cancelen tal concesión que resultó lesiva para los intereses de la población, de los trabajadores y del propio Estado.
Debe recordarse que Grupo Mas opera con instalaciones propiedad del Gobierno del Estado y de los Municipios, incumpliendo con diversos compromisos asumidos en su momento. Igualmente debe supervisarse la función encomendada al regulador creado expresamente, el opaco y omiso Instituto Metropolitano del Agua.
Las investigaciones deberían contemplar los siguientes aspectos: la situación legal de los participantes al momento de la licitación; la constitución de las empresas y del Grupo Mas; el estado actual de los bienes inmuebles y recursos materiales concesionados y los procesos de liquidación y/o reinstalación de trabajadores.
El Estado debe intervenir para salvaguardar los intereses de los veracruzanos. Quizá sea mejor que se vayan Odebrecht y Grupo Mas. El agua no puede ser un producto comercial en poder de empresas deshonestas e ineficientes.
